VALÈNCIA (EFE/P.P). El coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, ha asegurado este martes en su declaración como testigo en la causa penal por la gestión de la Dana que dio el visto bueno al posible confinamiento de la población durante la Dana y que José Manuel Cuenca, el entonces jefe de Gabinete de Carlos Mazón, no le consultó las dudas jurídicas sobre este extremo antes de recomendar a la consellera de Interior, Salomé Pradas, que no confinara a la población.

Según han informado fuentes conocedoras de su declaración, Lleó ha explicado que recibió una llamada telefónica del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, alrededor de las 20:45 horas del 29 de octubre de 2024 en la que le preguntaba sobre la viabilidad jurídica del confinamiento. El testigo ha dicho que la protección de la vida como bien supremo está por encima de cualquier otro derecho, y que en consecuencia sí que era posible la aplicación de confinamientos o traslados forzosos.

Asimismo, Lleó ha recordado que García le dijo que había una presa (Forata) en una situación extrema, si bien ha dicho desconocer cómo obtuvo el alto cargo la información sobre el estado de la presa y las medidas que estudiaba el Cecopi. Y también ha negado haber tenido algún contacto con José Manuel Cuenca, el entonces jefe de Gabinete del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Uno de los hilos de los que intenta tirar la instructora Nuria Ruiz Tobarra tiene que ver precisamente con Cuenca, quien a través de Whatsapp instó a la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, a no acordar un confinamiento para toda la provincia de Valencia. "Salo, de confinar nada por favor. Calma", le llegó a decir el 'mano derecha' de Mazón, quien declaró que esas dudas jurídicas eran suyas y no venían de nadei más, tampoco del president.

En ese sentido, el testigo ha negado que hablara con Cuenca directamente, o que el subsecretario de Justicia le dijera que había hablado con él. ¿Las dudas del entonces jefe de Gabinete de Mazón derivaban de alguna consulta a la Abogacía entonces? ¿La Abogacía se pronunció en esos términos? Se le ha planteado al testigo, que ha dicho que no le consta. En todo caso, a él no le preguntó y el criterio de la abogacía era que el confinamiento sí estaba permitido, en contra de lo que planteó Cuenca.

En la causa penal por la gestión de la dana consta un informe de la Abogacía de la Generalitat que indica que ningún alto cargo de la Consellerias de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde del 29 de octubre de 2024 sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo, que causó 230 víctimas mortales.

En concreto, se hace referencia a la citada llamada entre el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, y el abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria, Ignacio Lleó.

Por otra parte, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, llamó al abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas, una de los dos investigado en la causa- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.

Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según el citado informe.