ALICANTE. El Tribunal de Instancia Plaza número 5 de Alicante (la nueva denominación del antiguo Juzgado de Instrucción número 5 tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 del Servicio Público de Justicia) coge las riendas sobre la denuncia presentada por Manos Limpias respecto a las presuntas anomalías que se habrían registrado en el desarrollo de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. La denuncia quedó asignada por turno de reparto en ese tribunal durante la jornada de este martes, según confirman fuentes consultadas. Dicho tribunal ha asumido la denuncia, ha abierto diligencias y ha instado a la Fiscalía a que le remita las actuaciones que hubiese podido desarrollar hasta el momento a partir de los escritos previos registrados por Sumar (en este caso, ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid), por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y por la Conselleria de Vivienda.

En este último caso, centrada en el proceder presuntamente irregular del técnico que visó los contratos de compra de los pisos, ya expedientado después de que se detectase que pudo haber beneficiado a su mujer al validar su contrato sin computar sus propios ingresos económicos (los de él), a pesar de ser miembro de la misma unidad familiar, independientemente de que se encontrasen en régimen de separación de bienes. El departamento autonómico ya ha anunciado su intención de ampliar esa denuncia en el caso de hallar más anomalías similares en el proceso de comprobación todavía en curso respecto a otros expedientes en los que se ha detectado omisiones de información en las mismas circunstancias.

Con el reparto de la denuncia en ese tribunal, los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco que habían quedado a cargo de la revisión de las denuncias seguirán actuando como representantes de la Fiscalía en las diligencias de instrucción judicial que puedan incoarse, de adoptar esa decisión. Hasta el momento, no ha trascendido ningún acuerdo adicional por parte del tribunal.

La denuncia de Manos Limpias, presentada el pasado jueves, pretende que se depuren posibles responsabilidades penales en la venta del suelo y en el reparto de los 140 pisos de la promoción entre los socios cooperativistas de Residencial Les Naus.

Como informó este diario, la denuncia se dirige contra diez personas concretas. En primer término, figuran la exconcejala de Urbanismo, la exdirectora general de Organización Interna, el arquitecto municipal que también obtuvo un piso como socio cooperativista y una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida (al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas), el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta.

La organización les considera responsables de cuatro delitos: falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios. Esos ilícitos se habrían cometido en la adjudicación o compra de esas viviendas "a miembros concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, así como a directivos de la referida cooperativa y adjudicatarios diversos de los diferentes pisos", según detalla el escrito.

En él, se incide en supuestas anomalías como que "no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera"; que la Generalitat Valenciana "amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda"; y que "las viviendas adquiridas en varios casos, y una vez escrituradas, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, interviniendo una agencia inmobiliaria, donde en un vídeo manifiesta que una cantidad aproximada de 175.000 euros debe darse en B", precisa el escrito. Por último, Manos Limpias también considera anómalo el hecho de que varios hermanos de distintas familias obtuviesen viviendas en la misma promoción.