VALÈNCIA. Algunos de los interrogantes que todavía quedan por responder en la investigación sobre la gestión de la Dana giran en torno a las labores que realizaron los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la vigilancia de barrancos y cuencas. Una cuestión que la jueza de la Dana se ha resistido a indagar porque era la Generalitat Valenciana la responsable del control y vigilancia de cauces con diferentes medios a su disposición como bomberos, agentes medioambientales autonómicos, Guardia Civil y también la propia Confederación. Una cuestión que volvió este martes a la comisión de investigación del Senado.

Allí, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, compareció y fue interrogado, entre otras muchas cosas, por los trabajos de los agentes medioambientales del organismo de cuenca. Y precisamente la cuestión competencial fue el principal punto de fricción entre el senador 'popular' Luis Santamaría y el máximo responsable de la Confederación, quien señaló a la Generalitat Valenciana como responsable de movilizar a los agentes si así lo necesita. "Yo no tenía que enviar a nadie a vigilar el cauce", llegó a decir.

El senador le leyó que la Ley de Aguas señala como atribución del organismo de cuenca "la realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas" pero Polo le instó a leer todo el artículo, donde dice que esas actuaciones están dirigidas al "desempeño de sus funciones", como las obras hidráulicas o las autorizaciones en el dominio público hidráulico. La Ley de Aguas también le atribuye las funciones de elaborar el plan hidrológico o el control de aprovechamientos de interés general, pero, como dijo Polo, no se encuentra la protección civil.

En ese sentido, el senador del PP insistió en que el control de crecidas en el dominio público hidráulico suponía que el organismo de cuenca debía vigilar los cauces para advertir a la administración autonómica de posibles desbordamientos. Ante ello, Polo negó la mayor y dijo que eso no era competencia de la CHJ. "Está mezclando cosas, está mezclando la protección civil con la Ley de Aguas que no tiene nada que ver", recalcó el presidente del organismo.

El senador le preguntó por el tweet del organismo de cuenca aquel día según el cual sus agentes medioambientales estaban "recorriendo la Demarcación" para saber si había "más afecciones de consideración en cauces y barrancos". Sin embargo, cuando Polo fue a responder -"una de sus labores en situación de lluvias es..."-, el senador le interrumpió preguntándole si es que los agentes "son buenos". "Efecitvamente, así es, y algunos arriesgnado su vida el 29 de octubre", replicó Polo.

Según un informe que envió la CHJ a la jueza de la Dana, el organismo contaba con dos agentes asignados al barranco del Poyo. Y otro informe de la Confederación en respuesta a una pregunta del PP revela que el último que pasó por el barranco del Poyo, en plena alerta hidrológica, lo hizo a las 16.57h. "¿Por qué los retiró?", le planteó el senador Santamaría. "Yo no retiré a los agentes medioambientales", aseguró Polo, quien explicó que los agentes medioambientales desde 2015 "están metidos en la Ley de Emergencias como servicios de intervención" pero para que hagan esas labores, "quien dirige la emergencia es quien tiene que mandarlos; si nadie les manda...". "Yo no tenía que enviar a nadie a vigilar el cauce", abundó más adelante.

Cabe recordar, a estos efectos, que la CHJ solo tiene un sensor de caudales en el barranco del Poyo, a la altura de Ribarroja, pero el resto de barrancos tributarios a este aguas abajo como el barranco de l'Horteta, el del Gallego o La Saleta, quedan fuera de la cobertura del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación. Y que fueron estos barrancos los primeros que se desbordaron. Por ello era tan relevante la vigilancia in situ de los barrancos.

En su respuesta al juzgado, contada por este diario y firmada por el presidente de la CHJ, el organismo aseguró que los agentes medioambientales y guardas fluviales aquel día "realizaron su función de vigilancia de forma itinerante, desplazándose en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, a los puntos que pudiera ser más conflictivos en cada momento en base a su conocimiento sobre el terreno". Asimismo, señaló a la Generalitat Valenciana para asegurar que "no hubo en ningún caso una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia a esta Confederación Hidrográfica, ni durante la fase de preemergencia ni una vez declarada la fase de emergencia".

Hace semanas, compareció en la comisión de investigación del Senado el que fuera jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ en la Dana, Ricardo Domínguez, quien reiteró que las cuestiones debatidas sobre los efectos de la dana en la población “nada tienen que ver” con las funciones de su servicio, que se limitan a la inspección, control y vigilancia del dominio público hidráulico, lejos de las de emergencias o protección civil.

“Nuestro trabajo principal viene después de las lluvias”, explicó, a través de la elaboración de informes sobre los daños que estas avenidas han producido en los cauces. Por ello, aunque con conocimiento de la situación de los caudales a lo largo del día de la dana, la misma información que recibían también otros organismos, insistió en que la obligación de su servicio no era "la de informar".

Con todo, lo cierto es que en documentos del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende directamente la CHJ, se recoge entre las funciones de los agentes medioambientales no solo el "seguimiento de los daños causados en el dominio público hidráulico durante episodios de avenidas e inundaciones" sino también la "realización de aforos, información sobre crecidas y control de calidad de las aguas". Domínguez explicó que los agentes realizan estas tareas cuando se les requiere, por ejemplo cuando hay problemas de comunicación de los sensores automáticos.

La reticencias de la jueza para indagar los agentes de la CHJ

La magistrada preguntó en su momento a la Confederación si había movilizado a sus agentes pero rechazó una de las diligencias solicitadas por una acusación particular, representada por el letrado Francisco Regalado Rojas, que pedía conocer quiénes eran esos agentes para más tarde pedir su comparecencia como testigos. Algo que, a juicio de la acusación, no tenía "sentido" y recurrió la decisión.

La Fiscalía se avino a los argumentos del abogado, y aunque recalcó que la competencia en la vigilancia de los barrancos era de la Generalitat Valenciana, sostuvo la "la utilidad total" de indagar también en los agentes movilizados de la CHJ para saber "qué información recabaron al realizar la vigilancia y a qué personas y/o organismos la proporcionaron". Así pues, la Audencia Provincial revocó la decisión de la magistrada y compartió el criterio del Ministerio Fiscal al considerar "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos". Así pues, la acusación particular ha pedido la testifical de 15 agentes de la CHJ.