VALÈNCIA. El Consell liderado por Juanfran Pérez Llorca no tiene previsto sentarse a negociar cara a cara la reforma de la financiación autonómica con el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Así lo expresó el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, en un comunicado al anunciar este martes el ministro del ramo, Arcadi España, que iba a iniciar la ronda de contactos bilaterales con las Comunidades Autónomas (CCAA).

Para los no iniciados, la reforma de la financiación autonómica es una reivindicación de los distintos gobiernos valencianos —tanto del PP como del PSPV— en los últimos años, especialmente desde que caducara el actual sistema en 2014. El modelo —prorrogado— que aún permanece deja a la cola del reparto de recursos a la Comunitat, siendo una de las más perjudicadas del país, lo que provoca graves carencias a la hora de financiar competencias públicas tan sensibles como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

 

 

A lo largo de estos años, varios han sido los amagos de reformar el sistema, pero los distintos gobiernos (de nuevo tanto de PP como de PSOE) siempre han encontrado excusa o justificación para considerar que el asunto no era prioritario. Obviamente, la implantación de un nuevo reparto exige, además de una mayoría parlamentaria en el Congreso para ser aprobada, una habilidad negociadora fuera de lo común, puesto que se trata de abrir un melón que atañe a todas las CCAA: las que están mejor tratadas no quieren perder su estatus y las que se encuentran en peor posición, pretenden ser compensadas. Si a eso se une que en cada autonomía reina un partido político o que, en ocasiones como ahora, en la mayoría de regiones gobierna el partido contrario al del ejecutivo central, puede entenderse que no sea el asunto más cómodo y agradable para los distintos inquilinos de la Moncloa.

No obstante, tras varios años jugando al escondite, la ahora exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lanzó a presentar en enero una propuesta para un nuevo modelo. Y esta reforma, objetivamente, mejoraba la posición de la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones de euros más al año, aproximándola notablemente a la media nacional. 

Sin embargo, esta propuesta no gozó de la simpatía de las autonomías gobernadas por el PP (incluida la valenciana), pero tampoco de algunas lideradas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias. Más allá del las críticas concretas a la propuesta, la formación popular esgrimió como principal razón para su oposición que Pedro Sánchez hubiera escenificado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, un acuerdo sobre este modelo con importantes beneficios para Cataluña. Así, Núñez Feijóo y los suyos se atrincheraron en un discurso basado en que el nuevo modelo debería plantearse y debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de forma multilateral: o lo que es lo mismo, si primero se ha pactado con Cataluña, la propuesta quedaba de inmediato invalidada.

Seis meses después de que Montero diera aquel paso adelante, su sustituto en el ministerio, el valenciano Arcadi España, trata de recoger el testigo y aplicar la hoja de ruta diseñada por su compañera: reuniones bilaterales con cada autonomía para debatir sobre el modelo propuesto. El Consell de Pérez Llorca ya ha dicho que no negociará.

Una posición difícil de entender después de una década larga reclamando un nuevo modelo, ya que sentarse a hablar no significa aceptar la propuesta del Gobierno.

Rovira, el conseller de Hacienda, tiraba este martes de argumentario para reiterar la posición dictada por Génova: debe debatirse en el CPFF de forma multilateral y, aunque no lo expresaba, el modelo es invalido porque se negoció con ERC previamente. El Consell no rechaza directamente el modelo, sino la forma de negociarlo.

El conseller ni siquiera echó mano de otro argumento, también formal, como es que Arcadi España no haya respondido a la carta que Pérez Llorca le envió hace más de dos meses para pedirle una reunión entre ambos, reunión que el ministro anunció que sería "la primera" en una entrevista concedida al grupo Prensa Ibérica.

La ronda de reuniones bilaterales anunciada por el ministro para la financiación no es con él en primera persona, sino con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Un matiz importante cuando estamos hablando del liderazgo político que realmente requiere llegar a un acuerdo tan complicado como es este.

Así, es normal que Pérez Llorca insista en esa vía, pero sin cerrar la puerta a ninguna reunión sobre la reforma del modelo. Principalmente porque choca con su línea discursiva de encabezar un gobierno dialogante. Ha pactado unos presupuestos con Vox, pero su gobierno no puede reunirse con un secretario de Estado para hablar de la financiación. ¿No vale la pena sentarse a negociar sobre 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana?

Otro de los argumentos de Rovira para rechazar la reunión con el secretario de Estado es la reclamación de un fondo de nivelación transitorio como paso previo a la reforma, instrumento que ayudaría a la Comunitat Valenciana hasta que se aprobase el nuevo modelo. Un fondo, que ya recomendó crear Fedea hace seis años y que el Gobierno de Sánchez siempre ha rechazado.

Lo que parece claro es que si ambas partes no se sientan a hablar, es muy complicado que haya un acuerdo. Ya cuando María Jesús Montero lanzó la propuesta los empresarios valencianos se mostraron favorables a considerarlo, mientras el Consell tiraba de argumentario de Génova en el que continúa enrocado.