VALÈNCIA. El registro de lobbies de la Generalitat Valenciana cuenta con más de 1.800 grupos de presión inscritos, de los cuales un total de 22 figuran en su denominación como "empresario individual", sin especificar el nombre completo del mismo. A esta veintena de miembros cuya identidad no acaba de ser desvelada al completo, se suman otros seis cuyo nombre en el registro es "otros", con lo que tampoco se ofrece una indentificación detallada de los mismos. 

Así lo revelan los datos disponibles en portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana - GVA Oberta - consultados por Plaza. La información que se ofrece al público acerca de los miembros inscritos en el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat (Regia) cuentan con campos tales como el domicilio o el correo electrónico, que, en algunos casos, permiten discernir cuál podría ser la figura que se encuentra detrás de algunos de los lobbies que figuran como "empresario individual" u "otros". No obstante, ninguno de los campos muestra detalles que permitan identificar de una manera clara estos miembros, pues tampoco es público el número NIF.

Lo que sí permite observar la información ofrecida por la Generalitat Valenciana en su portal de datos es cuáles son los ámbitos sobre los que estos grupos de presión dicen tener interés. Cabe mencionar que, tal y como publicó Plaza este domingo, Salud, Medio Ambiente y Educación son las tres áreas con mayor interés para el conjunto de los lobbies que se encuentran registrados en el portal de la Administración autonómica. Por otro lado, Relaciones Exteriores, Lengua e Identidad, Justicia y Emergencias y Seguridad son las áreas sobre las que tienen un menor interés los grupos de presión registrados. 

Este periódico ha consultado a la Generalitat sobre los motivos por los que en un total de 28 lobbies del registro autonómico no cuentan con una identificación clara acerca de su identidad, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publiación de este artículo. En cualquier caso, lo cierto es que tanto la ley que regula la actividad de los grupos de interés en la Comunitat como el decreto que la desarrolla hacen especial hincapié en la normativa vigente en materia de protección de datos y los límites que establece en torno a los mismos. 

De hecho, el apartado de preguntas frecuentes de Regia explica a los usuarios que de las reuniones de altos cargos de la Generalitat con los lobbies se hará público el nombre y apellidos de los políticos, "pero no la información personal del resto de participantes, ni tampoco la de los empleados públicos asistentes". Mientras que el resto de datos personales que puedan aparecer en la documentación de estas reuniones estarán tratadas según lo que dispone el Reglamento europeo en materia de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

En este sentido, cabe resaltar que el registro de las actividades de influencia de los grupos de presión con altos cargos de la Generalitat no figura ningún encuentro protagonizado por algunos de los lobbies que figuran como "empresario individual" u "otros". Por actividades de influencia se entienden todas las comunicaciones directas o indirectas de manera oral o escrita de lo grupos de interés con los representantes políticos "con la finalidad de influir en la toma de decisiones políticas".

La mayoría de lobbies son empresas u ONG

En este punto, es preciso mencionar que la figura de los lobbies ha estado en el foco mediático en las últimas semanas debido a la imputación del exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, por, presuntamente, haber aprovechado su cargo en el Gobierno de España para aprobar una serie de normas que habrían beneficiado a empresas gasistas clientes del despacho de abogados Equipo Económico, que el propio exministro había fundado antes de su llegada al Ejecutivo nacional.

De hecho, el caso también ha marcado parte de la actualidad política a nivel autonómico. En este sentido, el PSPV ha centrado una buena parte de su tarea en las últimas semanas a proponer medidas para revertir iniciativas impulsadas por el actual Consell para, según creen los socialistas, "beneficiar a lobbies y empresas" de sectores como el juego o la energía nuclear. En este sentido, el PSPV anunció la semana pasada una proposición de ley para recuperar la distancia mínima entre casas de apuestas y colegios, así como una iniciativa parlamentaria para recuperar la tasa a las centrales nucleares eliminada con la ley de Acompañamiento a las cuentas autonómicas para 2025. 

Los socialistas insistían este domingo sobre este tema con el anuncio de que presentarán en Les Corts Valencianes una Proposición de Ley para regular la relación de los lobbies con las administraciones a nivel autonómico. "Los socialistas creemos que después de conocer que el PP hacía un BOE a la carta con empresas durante la etapa de Montoro es más importante que nunca que se regule la relación de empresas y grupos de presión con las administraciones públicas", apuntó el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz. 

Cabe mencionar que, tal y como analizó Plaza, la mayoría de los grupos de presión inscritos en el registro autonómico son empresas u ONG, pues aglutinan alrededor del 90% del conjunto de lobbies. Los datos también revelan que desde la Dana del pasado mes de octubre se han inscrito alrededor de 300 nuevas entidades en este portal, mientras que las reuniones de altos cargos con los lobbies han superado el medio millar desde la riada. 

Lo cierto es que durante los tres años y medio en los que este registro autonómico se encuentra activo se han publicado más de 1.400 actividades de influencias entre los grupos de presión inscritos y más de un centenar de altos cargos del Consell. En el listado de actividades destacan especialmente encuentros de los lobbies con figuras como la directora general de Farmacia, Elena Gras; el director general de Cultura, Miquel Nadal; y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco. La mayoría de consellers han registrado al menos un encuentro con lobbies, aunque no figura actividad del president de la Generalitat, Carlos Mazón; de la vicepresidenta primera, Susana Camarero; ni del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.