VALÈNCIA. Recientemente se sobrepasaron los tres años de legislatura en la Comunitat Valenciana y el primer pacto entre PPCV y Vox que permitió la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Un acuerdo exprés en el que, básicamente, el líder popular dio el 'sí, quiero' a las propuestas del partido de Santiago Abascal, que además había solicitado la presidencia de Les Corts, la vicepresidencia del Consell y tres carteras estratégicas para sus intereses: Cultura, Agricultura y Justicia e Interior.
Ese fue el principio de una historia de amor que ha durado, con pocos sinsabores, algo más de tres años y que todavía perdura, pese a que el líder supremo de Vox decidiera en julio de 2024 abandonar todos los gobiernos autonómicos que había pactado con el PP. Tras la caída de Mazón, el nuevo presidente de la Generalitat y también líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, asumió una tesis continuista de esta alianza, algo lógico puesto que él, en su papel de secretario general del partido, había sido el muñidor de la misma en los meses anteriores. De esta manera, Vox ha conseguido buena parte de todo lo exigido a lo largo de la legislatura.
La conclusión que se desprende en la dirección popular es que las consecuencias de pactar con Vox y admitir muchas de sus reivindicaciones implica mucho menor desgaste que la imagen de no poder aprobar unos presupuestos o dar una impresión de ingobernabilidad. Es decir, los sapos a tragar por parte de la Generalitat son un precio barato a pagar por diversos motivos: primero, porque generalmente no son económicamente demasiado costosos; segundo, porque a menudo son brindis al sol que tampoco tienen una aplicación factible o efectiva; tercero, porque en el caso de ser realmente molestos siempre se pueden utilizar triquiñuelas para evitar su ejecución o minimizarla y, en cuarto y último lugar, porque hay votantes populares a los que no les parecen mal muchas de esas propuestas.
- El portavoz de Vox, José María Llanos, y Pérez Llorca, en una reunión. Foto: EP/ROBER SOLSONA
Así, en la etapa donde Vox formó parte del gobierno, además de un impulso a todo tipo de ayudas a la tauromaquia, la elevación de instituciones opositoras a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y Lo Rat Penat, o la sustitución de casi todos los principales responsables de organismos culturales, se alumbraron novedades legislativas que llevaban claramente impreso el sello del partido de Abascal, como la Ley de Concordia en sustitución de la de Memoria Democrática, la Ley de Libertad Educativa, o modificaciones dirigidas al control de À Punt o de la Agencia Antifraude. Novedades que fueron aprobadas en Les Corts ante los abucheos de la oposición.
Ya con Vox fuera del Consell, decisión estratégica adoptada por Abascal, su partido se dedicó a utilizar sus decisivos votos para imponer su criterio en los presupuestos y ley de Acompañamiento, incluso logrando pronunciamientos públicos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, alineados con algunos de sus postulados como la oposición al Pacto Verde Europeo o la lucha contra la inmigración ilegal.
Unos presupuestos que acabaron aprobándose con algunos matices a las exigencias de Vox, pero con la asunción de buena parte de sus iniciativas en cooperación, reducción de ayudas a patronal y sindicatos, el tijeretazo presupuestario a la AVL, la eliminación de referencias sobre el cambio climático o la perspectiva de género, entre otras.
Tras la caída de Mazón, de nuevo fueron necesarios los votos de Vox para, en este caso, aprobar la investidura de Pérez Llorca. Aunque como suele ser habitual con este partido en Les Corts, no hubo un acuerdo firmado negro sobre blanco, las condiciones mediante tradición oral giraban en torno a lo siguiente: compromiso con la lucha "contra el pacto verde y el fanatismo climático"; la reducción fiscal; "continuar defendiendo educación en libertad"; el apoyo "real y efectivo a los problemas de vivienda"; y una "política migratoria que rechace claramente y que ponga las medidas necesarias frente a la inmigración masiva y descontrolada". Una serie de postulados a los que también se sumó en los últimos días el compromiso para la construcción de diques y presas que "eviten" una catástrofe como la de la Dana de octubre de 2024. También se deslizaron otras medidas, como la petición de que se se prohibiera el uso público del burka o que se revocara la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios.
Los presupuestos autonómicos de 2025 entraron en prórroga apenas un mes después de que Pérez Llorca tomara posesión como jefe del Consell. Mientras tanto, el president trataba de cerrar un preacuerdo con Vox que le asegurase el respaldo parlamentario a unas nuevas cuentas. Fue la formación de Abascal la encargada de anunciar el pacto: lo hizo el portavoz de Vox, José María Llanos, tras una junta de síndics a finales de mayo, lo que evidencia el peso de este partido en la toma de decisiones del Ejecutivo autonómico.
Pese a que las cuentas - y la ley de Acompañamiento a las mismas - ya contaban con cierto acuerdo entre ambas formaciones cuando fueron aprobadas por el Consell, Vox ha tratado de imponer su batalla cultural durante este periodo de tramitación parlamentaria, especialmente en torno a la "prioridad nacional". Los voxistas han planteado que este concepto se incorpore a varias líneas presupuestarias de manera que haya una "asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en el territorio valenciano. También se ha propuesto en tres leyes - Inclusión, Servicios Sociales y Vivienda - para endurecer los requisitos en el acceso a ayudas.
A todo ello se suman otras cuestiones ideológicas como la protección del "derecho a la vida del no nacido", la eliminación de referencias en materia de inclusión y políticas LGTBI, la petición de "neutralidad ideológica" en los centros educativos o la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. Una batería de propuestas que, en todo caso, todavía tienen que debatirse en Les Corts y lograr el respaldo de la Cámara para ser incorporadas al proyecto de ley de cuentas autonómicas.
No obstante, cabe incidir en que Vox tiene un papel muy destacado en este periodo de tramitación presupuestario. Pese a ser la formación con menor número de representantes (13) en el hemiciclo, su voto favorable es crucial para sacar adelante estas cuentas junto con el Partido Popular. Es por ello que se da por hecho que el grado de acuerdo entre populares y voxistas sobre las enmiendas será elevado, aunque el propio Pérez Llorca deslizó unos días que el PP rechazará "algunas" de las medidas planteadas por este socio parlamentario.
