VALÈNCIA. El Decreto 97/2021 de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020 de regulación del juego y prevención de la ludopatía sigue recibiendo recursos que buscan frenar una normativa que lleva de cabeza al sector desde su puesta en marcha. Una ley regula una distancia mínima para salones de juego y casas de apuestas de 850 metros respecto a centros escolares y 500 de distancia entre las nuevas aperturas, entre otras cuestiones, lo que levantó en pie de guerra al sector por los limitantes que determina.
Desde que se pusiera en marcha, un aluvión de demandas ha recaído sobre la normativa. Ahora, se suman otras tantas que van desde compañías a asociaciones como Salones Comatel e Inversiones Comatel -una de las mayores compañías de máquinas recreativas-, Recreativos del Este, la Asociación SOS Hostelería, la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) y la Asociación Valenciana Operadores de Máquinas Recreativas (ASVOMAR).
Éstas se acumulan a las ya interpuestas por Sportium Apuestas Levante, SA, Orenes Apuestas CV,SA, Mediterránea de Apuestas, SA, Luckia Retail, SA, Codere Apuestas Valencia, SA, Apuestas Deportivas Valencianas, SA o la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia. Concretamente, los nuevos recursos se centran sobre los artículos 4,5, 6, 9 y 18. Éstos aluden a la inadmisión de nuevas autorizaciones, a la renovación de establecimientos que no cumplan los requisitos o a la publicidad que pueden hacer en las fachadas de los establecimientos.
La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV)- como ya explicaba Valencia Plaza hace unos meses- presentaba un recurso contencioso-administrativo con el fin de eliminar la moratoria para otorgar nuevas autorizaciones de máquinas de juego en locales de hostelería o al menos reducirla de cinco a dos años. La intención de la FEHV, que presentaba su disconformidad junto a la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas en la Comunidad Valenciana (Andemar), es reducir el impacto en la limitación de una actividad que, aunque no es su objeto principal, "supone una ayuda".
"La moratoria es de cinco años porque se hará un estudio en el que se valorará cuál es la situación en la que se encuentran las máquinas en la hostelería, pero creemos que no es necesario tanto tiempo para realizar el mismo", señalaba Rafael Ferrando, secretario general de la federación.
