VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 13 a través de uno de los autos de la investigación fechado en 12 de mayo de 2021 relata cuáles fueron las comisiones que presuntamente se embolsaron los principales implicados en el caso Azud.
Así, según el relato de la magistrada, el empresario Jaime Febrer -situado en el epicentro del caso- y su entramado generaron "importantes sumas de dinero en efectivo" que en el periodo investigado "alcanzó los 7 millones de euros cuya finalidad era el pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos públicos y funcionarios públicos".
Posteriormente, en el apartado denominado "forma de pago de las comisiones ilícitas" se señalan los ingresos que habrían percibido algunos de los investigados principales en la trama. Es el caso del exvicealcalde Alfonso Grau, en su día mano derecha de Rita Barberá, que según el auto sitúa el "cobro de comisiones ilícitas" de una cuantía estimada "cuanto menos en más de 2 millones de euros".
Unas afirmaciones apoyadas en un estudio económico efectuado "sobre Alfonso Grau y su entorno más cercano", donde se revela "un incremento patrimonial de origen ilícito" que entre los años 2002 y 2014 se cuantifica en "al menos 728.051 euros", todos los cuales "habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen ,bien a través de ingresos en efectivo en cantidades que escapan al control financiero, bien a través de compras de inmuebles". Este es sólo uno de los ejemplos de los que está regado el auto respecto a distintas operaciones dirigidas a escapar del control financiero.
El siguiente implicado en la causa que señala el auto en este apartado es el del abogado José María Corbín, de quien se señala que a través de la mercantila Corbín Abogados SL obtuvo "la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias más aquellas cantidades en efectivo que constan en las distintas operativas".
De hecho, según refleja este documento, la causa precisamente se inició por la investigación de la relaciones que se establecieron entre varios grupos empresariales y el investigado José María Corbín y la Mercantil Corbín Abogados S.L. En particular se descubrió que al menos siete empresas vinculadas al grupo Axis -vinculadas a Febrer- efectuaron una serie de pagos a la mercantil Corbín Abogados SL en una relación que se prolongó desde los años 2007 a 2013.
En cuanto al socialista Rafa Rubio, exsubdelegado del Gobierno y en aquel momento concejal en el Ayuntamiento de Valencia, el auto señala que "por los servicios prestados tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros si bien las cantidades en metálico percibidas fueron superiores a dicha cantidad, ya que por una de las tramas que se urdieron por el Grupo Axis hay constancia de que recibió una comisión en metálico por importe no inferior de 300.000 euros". Una trama en este caso denominada "asunto colegios" y que estaría también presuntamente organizada por el empresario Jaime Febrer.
Precisamente, la investigación señala que en el mes de julio de 2007 el investigado Rafael Rubio y su esposa alquilaron una caja de seguridad en la sucursal del BBVA situada en la Plaza del Ayuntamiento núm. 9 en la localidad de Valencia. A partir de esas fechas, Rubio empezó a hacer ingresos bancarios en efectivo inferiores a 2.000 euros "con la finalidad de eludir los controles administrativos y financieros".
Otro de los investigados en los que se detiene el auto es en el abogado Jose Luis Vera, históricamente vinculado al PSPV-PSOE. Según señala la jueza, directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis "más de 1.341.086,36 euros bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realizándose pagos por servicios inexistentes de los realmente prestados, todo ello sin perjuicio del dinero efectivo que recibiera".
El auto describe que Vera desarrolló su actividad hacia el Grupo Axis en un marco temporal "que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012" siendo su cometido "posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo". Dicha actividad la realizaba el investigado en aquellas administraciones públicas frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al PSOE utilizando para ello "sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido".
Las cuatro vías para el pago de las comisiones
Según refleja el auto, al objeto de poder llevar a cabo los pagos de las comisiones ilícitas , el investigado Jaime Maria Febrer utilizó cuatro vías:
-A) Se confeccionaban y suscribían contratos "ficticios" que no obedecían a "realidad obligacional alguna pero que permitían la canalización de los pagos de dichas comisiones". Este método se utilizaba con Corbín y Vera "que por no ser funcionarios públicos podían suscribir dichos contratos y aflorar una parte de las comisiones".
-B) En la mayor parte de los casos dichas comisiones "se abonaban en dinero en efectivo".
-C) En otras ocasiones se llevaban a cabo compraventas de bienes (inmuebles) "por un precio inferior al realmente abonado que redundaba directamente en beneficio para los cargos públicos y funcionarios".
-D) En todo caso, "siempre mediaba la entrega de regalos de toda índole" que por su valor no podían ser considerados “como una atención normal dentro de las normas sociales”. Los recibían "la práctica totalidad de los investigados en esta causa".
