VALÈNCIA (EP). El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha acordado en la reunión que ha celebrado este martes penalizar a Indra "por no desarrollar en plazo una plataforma digital de movilidad", según han informado fuentes del consistorio.
Así, han indicado que en enero de 2023 EMT València e Indra Sistemas S.A. "suscribieron un contrato para que la segunda desarrollase una plataforma digital de movilidad multimodal y multiciudad".
Desde el Ayuntamiento han expuesto también "este encargo, financiado con fondos europeos, obedecía a la voluntad de una agrupación de municipios españoles, de la que València forma parte, de disponer de una plataforma única que permitiese, a través de una app o de un portal, que cualquier persona pudiese acceder a servicios de movilidad de esos municipios, desde el transporte público a través de diversos operadores, como bus o metro, hasta servicios de párking, motosharing, carsharing, bicis urbanas o transporte a demanda".
Además, se planteaba que cada municipio también obtendría las subvenciones necesarias para afrontar una transformación digital de sus sistemas con el fin de adecuarlos a los mecanismos de explotación de datos necesarios para integrarse en la plataforma de movilidad.
Desde el Ayuntamiento han añadido que "sin embargo, Indra Sistemas S.A., cuyo contrato con EMT Valencia finaliza el 31 de diciembre de 2025 --plazo otorgado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ejecución de este proyecto--, no ha sido capaz de culminar con éxito el desarrollo tecnológico contratado" y han señalado que esto "ha obligado a EMT a iniciar el procedimiento de imposición de penalizaciones estipulado contractualmente".
El edil de Movilidad en la capital valenciana y presidente de la EMT, Jesús Carbonell (PP), ha comentado que "no obstante, el verdadero problema radica, en que al margen del incumplimiento de Indra Sistemas S.A, el mecanismo de pago que el anterior gobierno --local-- pactó" con esta firma "en enero de 2023 para la ejecución del contrato consistía en prorrateos mensuales de idéntica cuantía durante toda la vida del contrato".
Demandar ante los tribunales
Así, ha destacado que "a fecha de hoy, el encargo se ha pagado en su totalidad sin que hubiese posibilidad de no hacerlo como consecuencia del incumplimiento". En esta línea, desde el consistorio han apuntado que "más allá de las penalizaciones que ahora se van a imponer", eso obligará a EMT València a demandar a la citada empresa "ante los tribunales para recuperar el dinero invertido procedente de fondos europeos".
Respecto a este asunto, desde la oposición municipal, el edil de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha precisado que lo que se ha abordado en el consejo de administración a propuesta del "gobierno --local-- de PP y Vox" es "la declaración del incumplimiento por parte de la empresa Indra Sistemas S.A. de la puesta en marcha de la plataforma Ciudades Conectadas y la imposición a la misma de una penalización de 1.010.262,03 euro, IVA no incluido".
El representante de Compromís ha considerado que con esto el ejecutivo municipal "reconocería su fracaso para llevar adelante su parte en el proyecto 'Ciudades Conectadas', la primera plataforma de referencia del ámbito estatal para la implantación, desarrollo e innovación de la movilidad urbana en las ciudades que València impulsó en octubre de 2021 junto a Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Logroño y Valladolid".
El edil ha asegurado que el gobierno local de ese momento, del que formaba parte, "supervisó los primeros meses de la puesta en marcha", pero ha detallado que el cambio de ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2023 "trasladó la responsabilidad al gobierno de PP y Vox, al concejal Jesús Carbonell y al nuevo gerente --de EMT València-- Manuel Martínez".
El representante de Compromís ha añadido que "a partir de entonces y hasta ahora, lo sucedido se puede deducir del relato del informe de propuesta de penalización entregado hoy al consejo de la EMT, donde se recoge que el Ayuntamiento prorrogó en un año el plazo de entrega a la empresa sin penalizarla por el primer incumplimiento" y "que así se ha llegado al incumplimiento del segundo".
"Pozo sin fondo"
Grezzi ha comentado que "aunque esa penalización pueda ser ajustada a nivel administrativo, en absoluto sirve para compensar el nuevo agujero creado por la gestión del concejal Jesús Carbonell de este proyecto".
"Con este millón no se pueden hacer frente a los 12 que València deberá devolver a Europa y que se le proporcionaron para el proyecto, sino que tampoco a las penalizaciones que ahora se le pueden imputar a la ciudad por incumplir la convocatoria de las ayudas. Hablamos de un coste total que podría rondar los 24 millones", ha manifestado.
El edil de Compromís ha aseverado que estas cifras "se suman a los 150 millones iniciales de pérdidas que generará la incapacidad del gobierno de --la alcaldesa-- María José Catalá (PP) para acordar y poner en marcha una ZBE en València". "Carbonell se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales, pero Catalá es la principal responsable por mantenerle en su puesto mientras acumula un pufo tras otro", ha afirmado Giuseppe Grezzi.
