VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana presenta este viernes sus nuevos presupuestos autonómicos correspondientes al ejercicio 2026. Estas cuentas llegan tras cinco meses de prórroga de las anteriores y en un contexto clave para uno de sus departamentos: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que dirige Carmen Ortí. Las negociaciones con los sindicatos para terminar con la huelga indefinida que arrastra la enseñanza pública desde el 11 de mayo todavía no han llegado a buen puerto, con puntos pendientes como el de las infraestructuras, cuya hoja de ruta se traslada directamente a los presupuestos.
Educación trasladó a los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial - STEPV, Anpe, CSIF, CCOO y UGT - una batería de acciones en infraestructuras cuyo importe desglosó a comienzos de esta semana. La factura de estas medidas supera los 370 millones de euros presupuestados en las nuevas cuentas, una cantidad dirigida principalmente a dar un "impulso" al Pla Edificiant. En concreto, se prevé contar con 229,7 millones para "continuar mejorando las delegaciones otorgadas" con los incrementos presupuestarios que se precisen para ejecutar las oras pendientes.
También destaca el capítulo refrente a las inversiones propias de la Conselleria. Las actuaciones a llevar a cabo no han sido concretadas todavía, pero aglutinan un gasto de 131 millones de euros. El resto del desembolso por parte de la Generalitat se divide entre un Pla Recole dotado con diez millones en ayudas a ayuntamientos para mejorar centros de titularidad municipal (CEIP y CEE) y un Plan Director de Infraestructuras Educativas para la zona Dana, con dos millones.
Tras debatir sobre este documento en diversas ocasiones en la mesa sectorial, no hay acuerdo al respecto. Los sindicatos piden, en líneas generales, mayor dotación presupuestaria y concreción sobre las actuaciones que se llevarán a cabo. En cualquier caso, el 'no' a la firma de este documento es unánime en este punto de las negociaciones.
Por ejemplo, el sindicato mayoritario, STEPV, pide mayor desembolso en la reconstrucción de los centros afectados por la Dana y considera que la línea de subvención para los consistorios "es claramente insuficiente". Anpe, por su parte, reclama "conocer todos los detalles de los planes" que se plantean. Más crítico es CSIF, que pide información sobre en qué se va a materializar el Plan de Confort Término, qué criterios se seguirán para las subvenciones dirigidas a los ayuntamientos o cuáles van a ser las inversiones en Edificant o centros Dana.
En UGT piden que se prioricen las actuaciones en la zona afectada por la catástrofe e insisten en que deben llevarse a cabo acciones en los espacios que "sufren altas temperaturas". El sindicato asegura que están recibiendo "numerosos avisos de centros donde los termómetros superan los 30 grados, una situación que hace imposible hacer clase y que resulta inhumana". Desde CCOO, aseguran que la Conselleria les trasladó en la reunión de este jueves que la Administración carece de medios personales para ejecutar un presupuesto más elevado del que se ha proyectado.
Con ello, el Consell presentará y enviará a Les Corts un proyecto de presupuestos en el que las inversiones en infraestructuras educativas no han obtenido el respaldo sindical en las negociaciones. "Por primera vez la Conselleria llega a una negociación con el respaldo de las cuentas. Los presupuestos ya incluyen todas las medidas que se han presentado aquí, eso es un avance", valoró este jueves el director general de Personal Docente, Pablo Ortega.
La Generalitat, obviamente, no necesita el respaldo de ninguna organización para presupuestar y ejecutar estas partidas, que incluso podrían estar sujetas a cambios con enmiendas parciales durante la tramitación parlamentaria. No obstante, no deja de ser un detalle reseñable que evidencia cómo las negociaciones educativas se han estancado hasta el punto de que la Generalitat ha llegado a la jornada marcada para la presentación de las cuentas sin haber obtenido un entendimiento sindical sobre algunas de las medidas.
Sin acuerdo en ratios y minoría sindical en retribuciones
Además de la cuestión referente a las infraestructuras, existen otros dos puntos en el acuerdo con un impacto sustancial a nivel económico. Es el caso de las ratios, es decir, del tope de alumnos por cada aula. Este aspecto lleva enquistado desde comienzos de semana sin que ninguno de los sindicatos haya aceptado las sucesivas propuestas de la Conselleria de Educación al considerarlas "insuficientes" por ser superiores a las que obligaría el Gobierno de España si su nueva norma al respecto termina siendo avalada por el Congreso. En cualquier caso, la aplicación de las nuevas ratios comenzaría a partir del curso 2027/2028, por lo que se trata de una cuestión que no debería tener impacto en las cuentas de este ejercicio.
Lo que sí tiene mayor trascendencia es el acuerdo en materia retributiva. La Conselleria de Educación y los sindicatos Anpe y CSIF - que suman un tercio de la representación del profesorado - rubricaron el pasado lunes un acuerdo sobre la subida salarial de los docentes valencianos. En concreto, se pactó un incremento de 200 euros a aplicar en tres fases: 75 euros en septiembre, 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028; así como seis días de libre disposición al año. En este caso, sí se espera que las cuentas recojan la subida pactada para finales de este ejercicio.
De hecho, según explicó este miércoles el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presupuesto destinado a la Conselleria de Educación será de cerca de 8.000 millones de euros, con una inversión de 7.600 euros por estudiante y un incremento de 400 millones en la inversión de infraestructuras. Este último, un montante que, a grandes rasgos, encaja con lo ofertado a los sindicatos en la última propuesta.
