VALÈNCIA. La huelga indefinida arrancó este lunes con la respuesta masiva del profesorado de la enseñanza pública valenciana: tanto los datos ofrecidos por la Conselleria de Educación como por los sindicatos evidencian que, en mayor o menor medida, más de la mitad de los docentes llamados a la huelga la secundaron. La dimensión de esta cifra cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que cada profesional pierde una media de unos 150 euros netos cada día que participa en la huelga.

Un buen número de estos profesionales acudieron a las manifestaciones repartidas por las tres capitales de provincia valencianas y Elche, que aglutinaron unos 40.000 asistentes, más de la mitad de ellos en la ciudad de València. Al grito de "vaga, vaga, vaga educativa" y "escolta Ortí, la vaga ja està ací", los manifestantes reclamaron infraestructuras "dignas y seguras", una educación "pública, de calidad y en valenciano" y lanzaron una advertencia a la Conselleria de Educación: "Si açò no s'arregla, guerra, guerra, guerra". 

Lo cierto es que el escenario no se ha arreglado, más bien lo contrario, pues sigue un día más encallado en el mismo punto y con los efectos de una huelga sine die. Las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación se mantienen en el mismo punto, es decir, sin aproximaciones entre ambos agentes y desde el departamento de Carmen Ortí evitan concretar un calendario de negociaciones, así como avanzar el contenido de futuribles propuestas al profesorado. De hecho, cabe destacar que la propia Ortí evitó comparecer ante los medios de comunicación en el primer día de movilizaciones, salvo para ofrecer declaraciones en las televisiones públicas À Punt y RTVE.

Un hecho trascendente, teniendo en cuenta que se trata de la primera huelga indefinida en materia educativa en décadas y que contó con un elevado seguimiento por parte del profesorado. De esta manera, Ortí esquivó la exposición pública y las preguntas de los medios de comunicación en general a lo largo de jornada especialmente delicada para su departamento. Un extremo que contrasta con la estrategia adoptada en las últimas semanas, en las que Ortí sí ha venido atendido a los periodistas para abordar la situación en torno a la huelga. Sin ir más lejos, lo hizo el pasado jueves con motivo de la última mesa sectorial previa a las movilizaciones, que concluyó con los sindicatos STEPV, CCOO y UGT abandonando la sala. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por su parte, únicamente se pronunció sobre la huelga a través de una publicación en la red social 'X', donde mostró el respaldo del Consell al alumnado de 2º de Bachillerato: "Este gobierno está de su lado. Siempre". 

Este periódico ha tratado de contactar con la Conselleria de Educación para conocer las razones por las que Ortí evitó la exposición en rueda de prensa durante el primer día de huelga indefinida, pero no ha obtenido respuesta. Pese a la ausencia de Ortí, Educación ofreció una rueda de prensa de la mano de su secretario autonómico, Daniel McEvoy, que se limitó a reiterar la postura adoptada por la Generalitat sobre este conflicto. McEvoy insistió en la voluntad de la Conselleria a "negociar" con los sindicatos e instó a estas cinco formaciones - STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe - a sentarse nuevamente en la mesa de negociación. No obstante, les pidió para ello "abandonar posturas maximalistas" y evitó concretar tanto un posible calendario de negociaciones como una propuesta alternativa a la dibujada el pasado jueves. 

Cabe mencionar que Educación ofreció a los sindicatos una subida salarial de 75 euros brutos mensuales a aplicar de manera progresiva entre el 1 de enero de 2027 y finales de 2029. A esta acción se sumaba un plan de infraestructuras, así como un plan sobre la adecuación climática de los centros educativos, sin desglosar con demasiado detalle ninguno de estos dos. McEvoy evitó avanzar este lunes posibles nuevas propuestas al profesorado, aunque reconoció que la educación pública valenciana tiene "margen de mejora", pese a la "infinidad de cuestiones" que, a su forma de ver, se han solventado a lo largo de la legislatura. 

Respecto a los tiempos en estas negociaciones, el secretario autonómico consideró que "no se puede esperar" a la mesa sectorial del próximo 9 de junio, por lo que se tendrá que negociar antes de este encuentro habrá. McEvoy evitó situar como línea roja para la negociación que se desconvoque la huelga, aunque sí apuntó que "sería un buen gesto" por parte de los sindicatos, ya que porque "obviamente, se negocia mejor sin huelga de fondo". Pese a que insistió en que la Conselleria está dispuesta a "reunirse en cualquier momento" e incluso "dar el paso" para convocar los sindicatos a la mesa, no concretó los plazos que se marca para ello la Generalitat ni si finalmente será el Consell quien invite a estas formaciones a retomar las conversaciones sobre sus reivindicaciones.

Los sindicatos consultados por este periódico tildan de "un juego de propaganda" esta rueda de prensa. "En cualquier sitio, cuando hay una huelga de este calibre, lógico es sentarse a negociar inmediatamente después para llegar a un acuerdo, pero parece que en este caso se ve de otra forma. Hay una desconexión total de la realidad", valoran desde el sindicato UGT. Por su parte, desde STEPV consideran que las declaraciones de McEvoy son "más de lo mismo". "La Conselleria que nos convoque cuando quiera para seguir negociando toda la plataforma reivindicativa y que cumpla con la palabra del - president de la Generalitat - Juanfran Pérez Llorca. Parece que estamos estancados con esta Conselleria", apuntan desde este sindicato.

Con ello, el Consell concluye el primer día de la huelga indefinida sindical sin concretar alternativas y con todos los escenarios abiertos ante unas protestas que apuntan a alargarse. Por ahora, los sindicatos cuentan con un calendario de acciones para esta semana, con el colofón de una gran manifestación central en la ciudad de València el próximo viernes. No obstante, esta hoja de ruta podría ampliarse si no se acercan posturas. La clave está, por tanto, en la capacidad de ambos agentes para mantener el pulso exhibido este lunes. 

Por un lado, el seguimiento masivo del profesorado durante este lunes podría experimentar una tendencia a la baja en los próximos días, ya que cada docente deja de percibir unos 150 euros netos por cada jornada en la que secunda la movilización. En este sentido, una encuesta realizada por los sindicatos en abril apuntaba a que la mitad de los docentes aseguraba que podría hacer huelga, al menos, dos semanas. No obstante, 4 de cada 10 profesores fijaba su tope en un máximo de siete días. Si el conflicto se alarga, se podría observar una pérdida de efectivos en las manifestaciones sindicales, que reduciría su fuerza negociadora ante el Gobierno valenciano.

No obstante, cada jornada de huelga también supone un desajuste en centenares de centros públicos valencianos, tanto para el propio profesorado como para las familias de miles de alumnos. La situación cobra especial relevancia en 2º de Bachillerato, pues los cerca de 32.000 jóvenes valencianos que se encuentran en este nivel tienen en pocas semanas sus exámenes de selectividad, de cuyo resultado depende, en buena medida, su futuro académico y profesional. Por tanto, la Conselleria de Educación también deberá calibrar el impacto de esta huelga en familiares y alumnado a un mes de que concluya el curso escolar y cuando queda un máximo de un año para que se celebren nuevas elecciones autonómicas.

La capacidad y voluntad económica, clave en la resolución

El trasfondo de este conflicto no deja de ser la capacidad económica de la Generalitat para poder comprometerse con las mejorad de las condiciones del profesorado. Un extremo que depende de la Conselleria de Economía y Hacienda cuyo titular, José Antonio Rovira, era hasta hace cinco meses conseller de Educación. La relación de Rovira con las fuerzas sindicales también era especialmente delicada. Durante su mandado no se acercaron posturas para abordar las reivindicaciones sindicales y en diferentes ocasiones protagonizaron fuertes discrepancias. "Se espera un curso complicado", auguraron los sindicatos a comienzos del presente curso.

De hecho, ante una de las peticiones, Rovira llegó a pedir a los sindicatos que le acompañasen "a Moncloa, a la puerta de Pedro Sánchez" para reclamar una reforma del sistema de financiación que permitiera abordar su subida salarial. Una cuestión que, sumada a la gestión de la catástrofe de la Dana, llevó a una ruptura prácticamente total entre el entonces conseller y la mayoría de los sindicatos presentes en la mesa de negociación. Es precisamente de Rovira de quién depende ahora autorizar cuánto y cuándo puede aumentar su gasto estructural la Conselleria de Educación para atender las demandas de un colectivo con el que estuvo ‘a la gresca’ durante la primera mitad de la legislatura.

En concreto, la subida planteada el pasado jueves por parte de la Conselleria de Educación supondría un incremento de 100 millones de euros en el gasto de este departamento. La cifra es 24 veces inferior a la estimación que la propia consellera realizó a comienzos de la semana pasada sobre el coste de asumir todas las reivindicaciones planteadas por los docentes. Ortí ha venido aludiendo en las últimas semanas a la situación de infrafinanciación que atraviesa la Comunitat Valenciana y reconoció que un incremento de gasto en 2.400 millones de euros "superan la capacidad" de las arcas públicas de la Generalitat. 

Cabe mencionar que Educación, junto con Sanidad, 'copan' el grueso del presupuesto de la Administración valenciana. En este sentido, el Consell presupuestó 3.800 millones de euros en los salarios del profesorado de Primaria y Secundaria en 2025. La cifra representa la mitad del presupuesto de la Conselleria, que en dicho momento también sumaba las competencias en Empleo, así como casi el 12% del gasto total del Ejecutivo autonómico. Al peso del sector educativo en las cuentas del Consell, se suma la delicada situación económico-financiera de este Ejecutivo, que registró un déficit de 2.411 millones el pasado ejercicio e incrementó su deuda hasta los 64.000 millones de euros. 

Además, la bajada de ratios aprobada recientemente por el Gobierno de España llevará al Consell a sumar un gasto de 780 millones de euros en los próximos cinco años, una media de 156 millones anuales. Esta cantidad se tendría que sumar al coste que finalmente puedan tener las medidas pactadas por los sindicatos, pero que, de entrada, se prevén que superen en conjunto los 250 millones de euros al año. De esta manera, la huelga sigue su curso con unas negociaciones estancadas y un Consell con un limitado margen financiero para atender las demandas de los docentes.

Los servicios mínimos de la Conselleria se mantienen

Mientras sindicatos y Educación acercan (o no) sus posturas, parece que la evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato no peligrará pese a que se mantenga la huelga. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó mismo lunes las medidas cautelarísimas reclamadas CSIF y CCOO sobre los servicios mínimos planteados por parte de la Conselleria de Educación.

Los sindicatos cargaron contra la propuesta de Educación por considerarla "abusiva" en el caso del último curso de Bachillerato, pues establece como servicios mínimos todos "los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU". La decisión adoptada por el TSJCV, no obstante, mantiene en pie estos servicios mínimos que, a juicio de McEvoy, "garantizan perfectamente la atención a los alumnos". En esta línea, el secretario autonómico lanzó "un mensaje de tranquilidad" a alumnos y familias de que "su proceso de evaluación no se va a ver afectado en absoluto, ni sus derechos se van a ver conculcados en ningún momento creo que es una noticia de la que debemos congratularnos".