VALÈNCIA. El nuevo decreto del Consell que regula las comisiones de servicio de los docentes de la enseñanza pública valenciana sigue recibiendo recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Alto Tribunal valenciano ha admitido a trámite los presentados por STEPV y Anpe pocos días después de que CSIF anunciara la interposición formal de un recurso de similares características.
De esta manera, la normativa que establece las reglas para que un docente pueda ocupar temporalmente un puesto distinto al de su destino definitivo incrementa el número de recursos por parte de las formaciones sindicales. De hecho, tal y como contó este periódico, el texto, inicialmente concebido como una orden y finalmente aprobado como decreto, ha contado con la completa oposición de los sindicatos con representación en la mesa de negociación.
Cabe recordar que las directrices sobre las comisiones de servicio venían determinándose curso a curso sin ninguna norma propia que fijara los supuestos, requisitos y criterios de adjudicación en términos generales. Una cuestión que el departamento que encabeza Carmen Ortí ha regulado finalmente en un decreto en el que, además, se endurecen las condiciones para acceder a este mecanismo.
La norma limita distintos supuestos que permiten optar a una comisión de servicios por cuestiones como el cuidado de familiares, el hecho de sufrir una discapacidad, tener una enfermedad leve o haber estado afectado por la Dana de 2024. Además, aquellos docentes que deseen solicitar una comisión de servicio por interés profesional deberán haber participado anteriormente en el concurso de traslados, pues los aspirantes se determinarán según la puntuación obtenida en el mismo.
La Conselleria también establece un mecanismo de comisiones de servicio para puestos de naturaleza singular. Y, en la disposición final del decreto, fija que las resoluciones, instrucciones y actos dictados con posterioridad al decreto no podrán "modificar, ampliar o restringir los requisitos del personal solicitante, las modalidades de comisión de servicios, los criterios de adjudicación, las ponderaciones de las fases de selección ni cualquier otro aspecto sustantivo establecido en esta norma", una operativa que también cuenta con el rechazo de la mayoría sindical al considerar que impide cambiar las reglas sustanciales de este procedimiento en convocatorias posteriores.
Ante ello, los sindicatos han venido anunciando en las últimas semanas bien el estudio o bien la propia interposición de un recurso ante el TSJCV. El sindicato mayoritario, STEPV, ha explicado este martes en un comunicado que el Alto Tribunal valenciano ha admitido a trámite su recurso en el que también solicita la suspensión cautelar de la normativa, con la intención de que las nuevas reglas del juego no se aplican mientras se resuelve el procedimiento. Desde el sindicato también animan al profesorado a manifestar su rechazo a la norma mediante la presentación de un escrito ante la Dirección General de Personal Docente.
Por su parte, desde Anpe explican que presentaron un recurso el pasado 13 de octubre y se ha formado pieza separada con las medidas cautelares solicitadas. "Anpe cuestiona diversos aspectos de la nueva regulación, entre ellos el excesivo peso de las entrevistas en la selección de determinados puestos, la designación de plazas de perfil sin límites definidos, la exigencia de haber participado en el concurso de traslados, las restricciones en materia de conciliación familiar y la falta de negociación efectiva de algunas modificaciones introducidas en el texto definitivo", señalan desde esta organización.
