VALÈNCIA. El sistema educativo valenciano ha caminado en los últimos años hacia un modelo más inclusivo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Es la conclusión general que se puede extraer de la auditoría sobre la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo que ha llevado a cabo la Sindicatura de Comptes y cuyo informe ha sido publicado este jueves. 

El documento analiza la situación durante el curso 2023/2024, el primero desde la llegada del actual Consell a la Generalitat. Durante este ejercicio, más de 185.000 alumnos valencianos presentaban necesidades de apoyo educativo, en torno a la cuarta parte del total. De ellos, más de 26.500 tenían este tipo de necesidades derivadas de discapacidades o trastornos graves en materia de conducta, comunicación o lenguaje. La gran mayoría de este alumnado está matriculado en aulas ordinarias, es decir, acude a clase con el resto del estudiantado de su curso. 

Según las cifras detalladas en el informe, la Conselleria de Educación invirtió un total de 3,7 millones de euros en 2024 en el programa de inclusión educativa, aunque se trata de un importe que no recoge el gasto total llevado a cabo por este departamento en esta materia. "La Conselleria no dispone de un procedimiento ni un sistema de información de costes que le permita calcular la totalidad de gastos en los que ha incurrido para mejorar la inclusión", critica la Sindicatura.

La auditoría se basa en cuatro objetivos con la intención de analizar cuestiones como si el sistema educativo favorece el "máximo desarrollo" del alumnado; si se han puesto en marcha las medidas de respuesta educativa para la inclusión; y, en definitiva, si el modelo de escuela inclusiva de la Comunitat "está obteniendo los resultados que perseguía". 

"Avances normativos" en los últimos años

Tras el análisis, que se realiza en una muestra concreta de centros educativos, este órgano reconoce "avances muy positivos" en la normativa autonómica encaminados hacia una escuela inclusiva y la accesibilidad universal del alumnado. La Sindicatura destaca que el departamento que dirige José Antonio Rovira ha sido "muy prolífico" en la elaboración de la regulación, aunque ve necesario que "aumente el esfuerzo" para evitar "interpretaciones contrapuestas" de estas normas que puedan provocar que sean menos eficaces.

Por otro lado, critica que el criterio para asignar horas de personal especializado en apoyo educativo se basa en el número de aulas y no en el alumnado con necesidades que debe ser atendido. En esta misma línea, remarca que no se ha desarrollado la normativa para los centos concertados necesaria para establecer los criterios para la dotación de personal especializado en las mismas condiciones que los centros públicos. 

"Necesaria dotación de más recursos personales y materiales"

La Sindicatura considera que el sistema educativo valenciano cuenta con recursos para atender el alumnado con necesidades especiales y "está orientado" a favorecer el máximo del estudiantado. No obstante, reclama una mayor dotación de recursos personales y materiales destinados a la inclusión educativa. 

Este órgano apunta a que un "incremento adecuado" de los recursos contribuiria a conseguir "la máxima inclusión del alumnado" que presenta necesidades educativas específicas. En este sentido, cree que la existencia de aulas UECO y de centros de educación especial "es la manifestación de que no se ha conseguido el nivel de inclusión pretendido". "Un modelo de inclusión con recursos suficientes favorecerá el alumnado en general, ya que permitirá mejorar el nivel educativo, emocional y social de todos", añade. 

Tras la muestra analizada, la Sindicatura estima que es "necesario" un aumento "significativo" de la plantilla especializada en el apoyo educativo en todas las etapas, tanto en centros de titularidad pública como en concertados.

Menos recursos en la concertada que en la pública

Además, observa una brecha entre ambos modelos educativos: "Los recursos son inferiores en los en los centros concertados que en los públicos, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria". Una cuestión que supone que exista una "acumulación excesiva" de alumnado con necesidades especiales en algunos centros públicos, fundamentalmente en las etapas anteriormente mencionadas, lo que, según la Sindicatura, "dificulta dar una respuesta equilibrada". 

Este órgano pone el foco sobre todo en la ausencia de personal auxiliar no docente en los centros concertados, lo que "favorece la matriculación" en centros públicos del alumnado que presenta necesidades. Con ello, sentencia: "La desigualdad de recursos entre centros públicos y privados concertados afecta a los principios de igualdad y de plena inclusión".

En este punto del análisis, la Sindicatura reconoce que las aulas UECO "están bien dotadas de personal" y también apunta que el inventario de infraestructuras educativas está incompleto, lo que impide que la Conselleria carezca de las herramientas necesarias "para identificar las necesidades" en esta materia. 

Demora de 150 días en la respuesta educativa

Lo cierto es que entre 2021 y 2023 ha aumentado casi un tercio el alumnado que presenta alguna necesidad específica. Un indicador que podría estar relacionad con mejoras en el sistema de detección. No obstante, la Sindicatura apunta a que "todavía existe margen de mejora" e indica que la puesta en marcha de la respuesta educativa a las necesidades "no es suficientemente ágil". Según la muestra analizada, el plazo medio desde la detección de una necesidad hasta la implantación de una respuesta es de 150 días. 

Con ello, la Sindicatura concluye que la Conselleria de Educación debe seguir trabajando en el objetivo de "una escuela plenamente inclusiva". Además, cree que el sistema educativo inclusivo "ha mejorado moderadamente en los últimos cinco años", aunque sigue "sin dar una respuesta adecuada". "La deficiencia más grave es la falta de recursos, la insuficiente formación de los docentes y el tiempo dedicado a gestionar el aprendizaje del alumnado", detalla este órgano a partir de información facilitada por distintos colectivos.

Recomienda una estrategia definida y más recursos

Entre las recomendaciones emitidas por la Sindicatura destaca la petición de una estrategia a la Conselleria de Educación para determinar y abordar los objetivos de la educación inclusiva y que incluya tanto el coste de oportunidad de este tipo de atención como objetivos concretos y los indicadores que permitan su evaluación. 

También pide al departamento que dirige José Antonio Rovira que desarrolle plantillas de personal con criterios de apoyo educativo, así como que identifique y dote los recursos necesarios para "conseguir los niveles de inclusión previstos en la normativa", así como los objetivos que fije la Conselleria. En esta línea, recomienda a la Administración que incremente los recursos para la formación del profesorado, así como que elabore un plan de inversión en infraestructuras para garantizar la accesibilidad en todos los espacios de los centros educativos, entre otras cuestiones.