VALÈNCIA (EP). Grupos de Investigación e investigadoras e investigadores de la UJI y de la Universitat de València aseguran que la huelga educativa en la enseñanza no universitaria valenciana es "un acto de reivindicación pedagógica de los principios que fundamentan la educación pública".

Con el fin de "apoyar y dar difusión" a estos valores vinculados a la protesta, han elaborado un documento que recuerda cómo la defensa de estos principios "se sustenta también científicamente en numerosos estudios sobre el papel de la educación equitativa, inclusiva y de calidad en el presente y el futuro de las sociedades democráticas".

Los y las especialistas recalcan que "la calidad educativa no es únicamente una cuestión pedagógica; es, sobre todo, una cuestión de derechos humanos, democracia y justicia social".

"Las sociedades que garantizan una educación pública, inclusiva y de calidad son sociedades más equitativas, cohesionadas y capaces de proteger la dignidad de todas las personas. Cuando el acceso en una educación digna depende del contexto socioeconómico, del lugar de nacimiento, de las capacidades individuales o de cualquier otra circunstancia personal o social, las desigualdades se amplían y los derechos humanos se vuelven más vulnerables", advierten.

En su escrito, analizan una por una de las reivindicaciones del profesorado. En el apartado de la reducción de las ratios, argumentan que "cuando las aulas están masificadas, resulta muy difícil generar espacios de acompañamiento real".

"Se puede impartir materia sin garantizar un aprendizaje significativo; se puede estar físicamente en una aula sin establecer vínculos educativos profundos, pero esto no garantiza una educación de calidad y donde todo el alumnado pueda sentirse incluido. La reducción de ratios es, por lo tanto, una necesidad pedagógica y humana", sentencian.

Por otra parte, avisan de que "la burocratización progresiva de los centros educativos está desplazando el foco de la educación: menos tiempo para pensar la escuela y más tiempo para justificarla documentalmente". Citan a varios autores, como el sociólogo Michael W. Apple o el pedagogo y propulsor de la pedagogía crítica Henry Giroux, que han advertido que, en las últimas décadas, la educación "ha ido incorporando lógicas propias del mercado: rendimiento, control, competitividad, estandarización y cultura de la evaluación constante".

Los investigadores defienden la necesidad de espacios adecuados para el aprendizaje. Sobre esta cuestión, aseveran que "los espacios también educan También los espacios educativos comunican y educan".

"Aprender en entornos amplios, cuidados, accesibles, muy climatizados y estéticamente acogedores favorece el bienestar, la participación y el desarrollo integral del alumnado. Los espacios transmiten valores: pueden generar calma, seguridad y pertenencia, o bien estrés, desconexión y desigualdad. Aprender en aulas masificadas, mal climatizadas o deterioradas afecta directamente la calidad educativa. Los centros educativos necesitan espacios amplios, cuidados, accesibles y humanos. Necesitan lugares donde el alumnado pueda sentirse seguro, reconocido y respetado", abundan.

No se olvidan del "cuidado de la cultura y la lengua" y, en este punto, subrayan que "la defensa del valenciano no es solo una cuestión lingüística; sino de derechos culturales, identidad y cohesión social".

"Preservar y dignificar las lenguas propias"

"Las escuelas tienen la responsabilidad de preservar y dignificar las lenguas propias, así como de conectar el aprendizaje con los contextos culturales, sociales y comunitarios del alumnado. La lengua no es solo un instrumento comunicativo; es también memoria, identidad, pertenencia y vínculo con la comunidad. Cuando un centro reconoce las lenguas y las realidades culturales de su alumnado, está reconociendo también sus historias, sus familias y su manera de estar en el mundo", afirman.

Finalmente, señalan que "hablar de educación es hablar de democracia y de justicia social" y mantienen que "los centros educativos son espacios políticos porque preparan la ciudadanía del presente y del futuro".

Para estos grupos de investigación, "se trata de formar a personas que piensan críticamente, dialogan, argumentan y puedan convivir respetándose los unos en los otros y metiendo por encima el respecto a los derechos humanos".

Por eso, continúan, "necesitamos centros que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la convivencia democrática; escuelas e institutos que entiendan la diversidad como una riqueza; con recursos suficientes, con ratios humanas y con profesionales reconocidos y cuidados".

"Apostar por una educación pública e inclusiva es apostar por una sociedad más justa, más cohesionada y más humana. Y por eso, la escuela pública como institución educativa es el lugar donde es posible encontrar esta transformación social. Y el profesorado, los agentes de cambio que pueden promover estos cambios en la ciudadanía. La convivencia no se aprende desde la segregación, sino conviviendo, en las escuelas, institutos y en las familias. Necesitamos centros educativos que reflejen la realidad social diversa que ya existe pero con los recursos para garantizar la calidad", concluyen.