VALÈNCIA. Las denuncias por presunto acoso laboral en el seno de la Administración pública valenciana se han disparado en los últimos ejercicios: si en el periodo 2020-2021 se registraron un total de 16, esta cifra creció hasta las 49 en los ejercicios 2022-2023 y se ha situado en 60 entre los años 2024 y 2025. De esta manera, el peso de estas denuncias también ha crecido de manera considerable en el cómputo global de comunicaciones que recibe la Inspección General de Servicios de la Generalitat Valenciana (IGS), hasta alcanzar el 8,7% del total. 

Este órgano, popularmente conocido 'asuntos internos' de la Generalitat, es el máximo órgano interno de control e inspección. Su función es la vigilancia del cumplimiento de la legalidad y de los principios generales a los que se debe la Administración autonómica. En este sentido, su función es la de analizar posibles incumplimiento o ilegalidades que puedan comprometer el correcto funcionamiento de los entes autonómicos.

Entre sus funciones se encuentran "las acciones de comprobación, análisis, investigación e informe" de todas las denuncias por presunto acoso laboral. Este concepto incluye acoso moral, sexual, por razón de sexo, discriminatorio u otras situaciones de violencia laboral. Su tarea se realiza de acuerdo con el protocolo que tiene activo la Generalitat para los empleados públicos, salvo para los sanitarios, docentes no universitarios y trabajadores de justicia, que disponen de normas y protocolos específicos, así como órganos de inspección sectorial para realizar este análisis. 

Pese al hecho de que los docentes tengan su propio protocolo y unidades de resolución de conflictos, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo registró un total de 29 denuncias por presunto acoso laboral ante la IGS en los últimos dos años, prácticamente la mitad de las recepcionadas por 'asuntos internos'. 

En este sentido, desde el departamento dirigido por José Antonio Rovira se formalizaron un mayor número de denuncias por presunto acoso laboral que por otro tipo de cuestiones más generales, las cuales sumaron un total de 25 comunicaciones. Así figura en el Informe Final de Evaluación del Plan de Inspección General de Servicios 2024-2025, del que el Consell tomó razón el pasado 10 de abril.

Tras el citado departamento, también destacan las denuncias por presunto acoso laboral en el seno de la Conselleria de Sanidad, con un total de 9 entre 2024 y 2025. Las entidades del sector público instrumental aglutinaron 8 comunicaciones de esta tipología. La IGS también recibió 4 denuncias desde la entonces Conselleria de Justicia y Administración Pública; y 2 desde la ya también extinta Conselleria de Hacienda y Economía. Departamentos como Servicios Sociales o Medio Ambiente sumaron una comunicación en los dos últimos años. 

Más del 40% se derivan a otros departamentos

En todo caso, cabe mencionar que el 43% de las denuncias globales en materia de acoso laboral - unas 26 - fueron derivadas a otros órganos de inspección de la Generalitat que aborda personal específico, como el sanitario o el de justicia. En este sentido, aproximadamente 17 expedientes se remitieron al órgano inspector en materia educativa. Es por ello que, un buen número de las denuncias que se presentaron desde el departamento que encabezaba Rovira se acabaron derivando a las unidades habilitadas por Educación para resolver este tipo de conflictos. 

Por otro lado, la IGS investigó, solicitó una ampliación o subsanó un total de 15 denuncias. Además, el 25% fueron inadmitidas por "no pertenecer al ámbito de la Generalitat o carecer de fundamento"; mientras que un 5% fueron archivadas tras una investigación previa y un 2% desistidas por parte de la persona denunciante. 

Sin un perfil claro en la tipología de las denuncias

Por lo que se refiere a la tipología del acoso, los datos muestran no clarifican el perfil habitual del presunto agresor. En este sentido, de las 25 denuncias recibidas en 2025, un 38% correspondían a un acoso de carácter descendente, es decir, aquel ejercido desde una posición de superioridad jerárquica. Este mismo porcentaje también fue el del presunto acoso ascendente, mientras que el 23% restante fueron de tipo horizontal. En 2024, por su parte, el 33% de las denuncias investigadas fueron de carácter descendente y el 66% de tipo horizontal.