LUXEMBURGO (EFE). Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) lograron este jueves un acuerdo sobre el proyecto de directiva de prácticas que España no apoyó al considerar que no proporciona suficiente protección a los becarios.

Lo que los titulares de Empleo de los Veintisiete pactaron hoy es su posición para negociar más adelante con la Eurocámara la versión definitiva de la ley. La directiva solo podrá entrar en vigor cuando los Estados miembros y el Parlamento alcancen un acuerdo al respecto.

La Comisión Europea presentó en marzo de 2024 un proyecto de directiva que pretendía garantizar que las prácticas no se utilicen para camuflar puestos de trabajo regulares y que los becarios tengan las mismas condiciones que los empleados, incluido el pago, salvo que el trato diferenciado esté justificado por razones objetivas.

Sin embargo, durante las negociaciones entre los países se ha ido modificando el texto propuesto por el Ejecutivo comunitario.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado hoy que el acuerdo entre los países supondría que la ley se aplicaría a becarios que tienen una relación laboral con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo, y también a cualquier persona que realice prácticas 'falsas' con el fin de combatir prácticas abusivas.

"Debido a sus marcos regulatorios específicos, las prácticas en el ámbito de la educación o en las políticas activas de empleo no están incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva", apuntó el Consejo.

Indicó que la posición de los países garantiza "mayor coherencia y claridad de los términos y definiciones", al sustituir la expresión "empleado regular" por "empleado comparable" y al introducir una nueva definición de prácticas "falsas".

El Consejo también aclaró que el texto respaldado hoy por los ministros tiene por objetivo combatir las prácticas "falsas", pero que da flexibilidad a los países a la hora de elegir qué medidas tomarán para cumplir con esa finalidad.

Además, el pacto "respeta la diversidad de los sistemas nacionales aclarando que la directiva no impone obligaciones a los Estados miembros para que introduzcan relaciones laborales específicas para los becarios en su legislación nacional", de acuerdo con la institución comunitaria.

Apuntó que con el acuerdo de los países las medidas tomadas por los Estados miembros para aplicar las nuevas reglas deberían basarse en legislación o prácticas nacionales.

"Los representantes de los trabajadores también tendrán la opción, si lo permite la legislación nacional, de actuar en nombre de los becarios en procedimientos judiciales o administrativos para hacer cumplir sus derechos y obligaciones", explicó.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró durante la reunión que en los términos propuestos hoy "la norma puede consolidar las malas prácticas en lugar de evitarlas, originando más problemas de los que resuelve".

"España valora de forma muy negativa el limitado ámbito de aplicación de la directiva, que deja fuera las que concentran más fraude y que no puede llevar aparejada la naturaleza laboral. El último texto limita aún más la aplicación al excluir las prácticas vinculadas a las políticas activas de empleo", dijo, y también criticó que hayan desaparecido "elementos de control de las obligaciones empresariales".

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Empleo, Roxana Minzatu, celebró el texto de compromiso, pero reconoció que le habría gustado ver "más ambición" con respecto a las personas cubiertas por la directiva.

De hecho, dijo que solo el 24 % de los becarios en la UE pagados se beneficiarían de la protección que proporcionaría el texto acordado este jueves.

También dijo estar apenada debido a que el apartado de prácticas 'falsas' no cubra los ámbitos de educación y formación.

Además de España, votaron hoy en contra del acuerdo Eslovenia, Estonia, Austria y Alemania. Chequia se abstuvo.