VALÈNCIA. Les Corts Valencianes albergaron este miércoles la segunda y última jornada del Debate de Política General, que marca el inicio del curso político a nivel autonómico. Una extensa sesión parlamentaria — cuyas votaciones concluyeron a las xx.xxh — que evidenció que los equilibrios parlamentarios se mantienen prácticamente intactos en la Comunitat Valenciana tras el parón estival.
En este sentido, el Partido Popular y Vox sacaron adelante la inmensa mayoría de sus propuestas de resolución (22 de 24), mientras utilizaron su mayoría para tumbar todas las medidas planteadas por los grupos de la oposición, PSPV y Compromís. Las discrepancias entre los populares, que ostentan el Consell, y sus socios parlamentarios de Vox se centraron en dos pilares fundamentales: un documento "ómnibus" especialmente ligado a políticas migratorias y sanitarias; y las propuestas del PP en materia de financiación autonómica.
"No le puedo aceptar un ómnibus. Es indigerible mezclar inmigración, OPEs y hacer un hospital", apuntó la diputada del PP Nieves Martínez a la parlamentaria voxista Ana Vega, encargada de defender la propuesta. Martínez consideró que "no se puede rechazar de manera total y frontal cualquier proceso de regularización de migrantes en España" y abogó por "conocer cualquier circunstancia y respetar aquellas personas que han venido a ser uno más".
De esta manera, anticipó el 'no' de los populares a un documento que incorporaba desde instar al Consell a impulsar un estudio de viabilidad sobre un tercer hospital en Alicante hasta pedir a la Generalitat que manifieste "la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España". Vega, por su parte, pidió la publicación de información sobre el gasto sanitario de personas en situación de irregularidad, así como medidas para combatir el "turismo sanitario". "Llega un momento en el que ya no valen las excusas, ni los silencios, ni mirar hacia otro lado", advirtió al PP.
En el resto de materias, sincronía total, sin perder las costumbres ya mostradas en otros procesos como la tramitación de las recientes leyes de Presupuestos y Acompañamiento. Precisamente en esta última norma, Vox introdujo, con el apoyo del PP, varios cambios en materia educativa, incluida una reforma en las funciones de los inspectores. La medida incorporaba que la Conselleria de Educación pusiera en marcha un canal de denuncias para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda comunicar "hechos que pudieran afectar al cumplimiento de la normativa educativa, a los derechos del alumnado o al adecuado funcionamiento de los centros docentes".
La formación que encabeza Santiago Abascal decidió incidir en esta línea durante el debate con una propuesta en materia educativa que salió adelante con el beneplácito de los populares. El documento, de nueve páginas y con alrededor de 60 puntos, insta al Consell a "garantizar la neutralidad ideológica de los centros educativos públicos, velando por que se eviten prácticas de adoctrinamiento". En este sentido, se recuerda la necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales en materia de Inspección educativa, así como de impulsar el funcionamiento del citado canal de denuncias.
La propuesta, además, insiste en que el Ejecutivo autonómico debe garantizar que las denuncias recibidas sean investigadas por los inspectores, además de aprobar protocolos específicos sobre aquellas reclamaciones que tengan que ver con "la neutralidad ideológica", el uso de "materiales no autorizados", las actividades "de carácter político o partidista" o la "vulneración de los derechos reconocidos a los padres".
El documento también solicita al Consell la publicación de un informe anual sobre las actuaciones que realicen los inspectores educativos en materia de "convivencia, protección de los alumnos, neutralidad ideológica y derechos de las familias", preservando los datos personales de las personas implicadas. De esta manera, los voxistas tratan de apretar al Gobierno autonómico en el cumplimiento de las medidas pactadas para sacar adelante los recientes Presupuestos de la Generalitat. De hecho, la misma propuesta de resolución pide el "cumplimiento efectivo" sobre las acciones impulsadas "a iniciativa de Vox" en estas cuentas en torno a los menús de los centros educativos.
Mención especial para el Pla Conviure, sobre el que Vox pide una modificación para "reforzar la autoridad y protección del profesorado" con protocolos para hacer frente a agresiones o amenazas, así como medidas de "asistencia jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento" para los docentes afectados.
La diputada de Vox Julia Llopis defendió durante el pleno los, a su juicio, "grandes avances" impulsados por su formación en materia educativa "para que los valencianos disfruten de una Ley de libertad educativa, distrito único, gratuidad de la enseñanza de cero a tres años y dar un impulso a la desaparecida inspección educativa que durante diez años ha estado apartada de las aulas por el Botánico".
Promoción de la cultura del "mérito, esfuerzo y capacidad"
El documento, además, incluye propuestas para la promoción de una cultura educativa basada "en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y la responsabilidad individual"; la inclusión de medidas para reducir el abandono escolar; la reducción de la burocracia; o la reducción de los plazos de evaluación psicopedagógica. Además, incorpora demandas en materia de FP, infraestructuras, lectura o cultura para el Consell y pide al Gobierno de España una selectividad única, una educación que transmita "el conocimiento de la Historia de España" y reconozca "el papel central de los padres en la educación de sus hijos".
De esta manera, con el respaldo de los populares, Vox logró este miércoles seguir incluyendo en la agenda del Consell sus tesis en materia educativa, de la misma manera que ha venido haciendo a lo largo de la legislatura mediante el impulso de la Ley de Libertad Educativa o con los recientes cambios presupuestarios. De esta manera, ambas formaciones encaran la recta final del mandato con una clara sintonía en esta materia en la recta final del mandato, mientras evidencian ciertas tensiones en cuestiones como la inmigración o el modelo de financiación autonómica.
