VALÈNCIA. (EP) La comisión interministerial que asesorará al Gobierno en la determinación de las nueves sedes de organismos públicos se constituirá en dos semanas, pese a que el decreto que regulará este proceso de desconcentración tenía previsión de hacerlo en dos meses, según ha anunciado el Ministerio de Política Territorial.

El Gobierno ha vuelto a defender, como hiciera el pasado 22 de marzo cuando se aprobó el decreto, que este órgano de trabajo no incrementará el gasto público porque trabaja con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.

La comisión estará presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y será vicepresidente el secretario de Estado. Además, los vocales permanentes serán los titulares de la Secretaría General de Coordinación Territorial y un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Derechos Sociales y Agenda 2030; y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Luego será el Consejo de Ministros el que iniciará y finalizará el procedimiento, y el que decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad, adoptando el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva informará la decisión elaborando un dictamen que recogerá las distintas alternativas.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha presidido esta mañana la constitución d esta comisión, ha calificado como "buena noticia" este plan del Ejecutivo para deslocalizar las nuevas sedes de instituciones públicas.

"El despliegue de los fondos de recuperación está propiciando que surjan nuevas iniciativas, como nuevos organismos en el ámbito de la ivnestigación, de la industria sostenible, de la industria verde... En definitiva, una transformación positiva para España que queremos que llegue a todos los territorios", ha sostenido en unas declaraciones distribuidas por el Ministerio de Política Territorial.

El Gobierno defiende que también se tendrá en cuenta "en todo momento" el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.

Para la elección, las comunidades y las entidades locales se podrán postular y ofrecer cesión de bienes inmuebles, y el Ejecutivo valorará factores como el nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, entre otros.

En este sentido, el Gobierno defiende que la elección se fundará en un "procedimiento abierto, transparente y competitivo" en el que cualquier autonomía o entidad local podrá postular una localidad, ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero.