VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana tiene un reto difícil de cumplir en los próximos años: reducir la temporalidad en la Administración valenciana a un 8% para cumplir con la sentencia europea de marzo de 2020 que motivó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y que impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública. Una cifra que, con los datos sobre la mesa, parece casi una utopía que el Gobierno valenciano pueda alcanzar a pesar de que haya puesto en marcha diferentes Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para estabilizar personal.

La Dirección General de Función Pública ha elaborado un informe para conocer cuál es el estado actual de sus recursos humanos. Un análisis a fecha de mayo de 2024 que no solo demuestra el envejecimiento que tiene su plantilla de personal fijo, avanzado por Valencia Plaza, sino que también evidencia la alta tasa de temporalidad que sigue teniendo la administración autonómica, el disparado incremento que ha registrado en la última década y cómo, por el contrario, ese aumento ha ido en detrimento de la generación de plazas fijas. 

Una cifra que evidencia el problema que tiene la Administración valenciana con su plantilla y que toma aún más trascendencia si se mira el otro lado de la balanza: durante el mismo periodo, el número de funcionarios de carrera se ha visto reducido en un 10%. Lo que en síntesis significa que el empleo temporal gana peso en la autonomía frente a la búsqueda de una plaza fija. 

Las tendencias inversas, por tanto, reflejan no solo el alto porcentaje de jubilaciones que se están produciendo en los últimos ejercicios en el ámbito de la Generalitat, sino también la dificultad que está teniendo año tras año el Gobierno valenciano en sacar las plazas necesarias a oposición para cubrir todas las vacantes.