VALÈNCIA. (EFE). El Gobierno ha mostrado sus discrepancias sobre varios artículos y disposiciones de la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2018 y de la conocida como ley de Acompañamiento a esas cuentas.

Así, se ha acordado iniciar negociaciones en el seno de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat, paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo. 

Según las resoluciones publicadas este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno discrepa sobre la disposición adicional vigésimo sexta de la ley de Presupuestos.

Esta disposición regula el régimen de la carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

En concreto, establece que la implantación progresiva del complemento de carrera profesional del personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana se fija en un importe mínimo del 66 %.

El Ejecutivo discrepa también sobre los artículos 11, 21, 27, 28 y 43 y la disposición adicional décimo octava de la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

Estos artículos modifican las leyes de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento; de creación del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica en Informática; de ordenación farmacéutica; de comercio; y la de función social de la vivienda.

La disposición adicional, por su parte, regula la creación de las plazas de orientadores laborales para el empleo.

En ambos casos se ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. 

Las resoluciones por las que se informa de estos acuerdos están fechadas el pasado 3 de abril y serán comunicadas al Tribunal Constitucional.