VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados por el presunto entramado elaborado por el expolítico para ocultar patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros. 

Junto a Fabra, se sentarán en el banquillo varios familiares, como la que fuera su mujer, María Amparo Fernández, sus hijos Borja y Claudia y su yerno. También su supuesto testaferro, Alejandro Lorca, y diversos empresarios: el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; su hijo Fernando Roig Negueroles; el dueño de Facsa, Enrique Gimeno; y Miguel Pérez, el administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado. 

El magistrado ha requerido a los diez para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros con el fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria. 

Siete mercantiles

El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian la comisión de los posibles delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. 

El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para siete mercantiles como personas jurídicas: Carmacas, Asdecas, Sipcas, Lirinlor, Migumi, Portovan y Facsa. Algunas de ellas –las primeras– eran sociedades pantalla carentes de actividad real y administradas o por familiares o por supuestos testaferros de Fabra. Según los investigadores, algunas de las operaciones que tienen que ver con ellas fueron falaces y su único objeto era el de esconder patrimonio o canalizar fuentes de ingresos que percibía el expolítico.