Imagen de Carlos Fabra en una cena de cargos del PP. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los investigadores de la nueva causa en la que se encuentra procesado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra han tratado de dibujar el presunto entramado elaborado por él para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública, para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales.
Este "plan preconcebido", tal como lo califica el juez de adscripción territorial en sustitución en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, Jacobo Pin, dio sus frutos. El exdirigente del PP mantenía una deuda con la Agencia Tributaria de cerca de un millón de euros por su condena, pero los embargos han sido reducidos. Hacienda los mantiene sobre percepciones periódicas que se limitan en la actualidad a los abonos del la Seguridad Social. Mientras, en el bloqueo de cuentas en las que consta como titular o autorizado sólo se ha podido aplicar a 439,74 euros en las 17 cuentas abiertas en 8 entidades bancarias diferentes a fecha de octubre de 2020. Además, únicamente se han logrado embargar preventivamente dos propiedades a su nombre: una finca en la localidad de La Vall d’Alba y un inmueble en Almería.
Esta situación de aparente penuria económica, sin embargo, no es acorde para el juez con el hecho de haberse desprendido de patrimonio a cambio de créditos futuros aún no cobrados, no reclamados y de difícil retorno a personas físicas y jurídicas de su círculo próximo. Tampoco con la recepción –entre 2007 y 2017– de abonos en efectivo en cuentas a su nombre por importe de 2,69 millones de euros con ingresos en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros. En el mismo periodo mantuvo, igualmente, una "intensa actividad bancaria por él organizada" con unos abonos superiores a los 26 millones de euros "a través de diversas operativas continuadas en el tiempo y no aplicadas estas cantidades a satisfacer la deuda pendiente con Hacienda.
Específicamente sobre el dinero recibido en metálico, La Fiscalía indica que se trata de cantidades "totalmente desorbitadas" porque Fabra carecía de una actividad negocial que pudiera haberlas generado. Sobre todo, remarca, entre los años 2008 y 2012, cuando los ingresos en efectivo alcanzaron los 2,23 millones de euros, de los cuales 747.450 corresponden a 2009. La media mensual entre los diez años investigados –2007 a 2017– asciende a más de 19.000 euros al mes en efectivo, cifra que aumentó a los 30.000 euros mensuales en 2008, 2010, 2011 y 2012 y a los 60.000 en 2009.
Anticorrupción destaca, del mismo modo, que se concertaron préstamos bancarios sin otra justificación que la de invertir el efectivo en su pago y que se utilizaron complejas operativas de ingreso carentes de justificación "con la sola finalidad de evitar los controles internos de las entidades financieras en materia de blanqueo de capitales".
Para todo ello, los investigadores sostienen que Fabra se valió de personas de su entorno, como familiares –su mujer en ese momento y sus hijos–, escoltas o conductores para que le efectuaran los ingresos. Existen constancia, además, "de su vinculación con personas que le entregaron elevadas cantidades de dinero a fondo perdido en consideración de la influencia política". Ninguna explicación razonable ha existido, añaden, sobre la procedencia de esas cantidades.
