VALÈNCIA (EFE). El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 28 investigados de la causa por las agresiones y amenazas sufridas por profesionales de medios de comunicación y varios asistentes a la manifestación del 9 d’Octubre de 2017.

El magistrado concluye así la investigación y da diez días de plazo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en la causa para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, o bien pidan el sobreseimiento de las diligencias.

Según se recoge en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, muchos de los encausados formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi y de extrema derecha.

Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.

Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio la marcha reivindicativa, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista.

“Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre, y en fin dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación, y ello por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan”, tal y como relata el instructor en el auto.

Los investigados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron presuntamente a varios manifestantes.

De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la plaza Alfonso el Magnánimo, “ante una acción concertada de distintos investigados”, de acuerdo con la resolución judicial.

El juez refiere también las amenazas sufridas por varios trabajadores y colaboradores de un medio de comunicación que había montado una mesa informativa para promocionar el lanzamiento de un nuevo diario, así como los daños ocasionados a la empresa editora por la destrucción de miles de ejemplares del periódico.

Igualmente, detalla las patadas y puñetazos propinados por una docena de los encausados a dos manifestantes.

Una de las víctimas se encuentra actualmente en tratamiento por secuelas derivadas de estrés postraumático a causa de esa agresión.

También fueron atacados un fotorreportero, a quien trataron de quitarle la cámara fotográfica y le rompieron dos objetivos, y otro periodista, al que golpearon con una horca de madera y le fracturaron la pantalla del teléfono móvil.