VALÈNCIA. (EFE) El grupo Popular en el Ayuntamiento de València ha iniciado este viernes una campaña de recogida de firmas contra la nueva ley de Educación, conocida como ley Celaá, en una iniciativa en defensa de la educación concertada que, según ha anunciado la portavoz municipal del partido, María José Catalá, "recorrerá todos los barrios de la ciudad".

Catalá ha recordado que en la Comunitat Valenciana hay 42 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en contra de la supresión de conciertos educativos que tenían demanda social, las cuales "son 42 mazazos judiciales a la intención del conseller de Educación de acabar con la concertada", ha transmitido en un comunicado.

"Si esta ley sigue adelante y se quita de la misma el concepto de la demanda social -la posibilidad de que los centros educativos concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad-, se le da vía libre a la administración a eliminar los conciertos a pesar de que haya demanda de padres", ha asegurado Català.

Para Catalá, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, contiene dos componentes muy peligrosos "para la pluralidad y la libertad educativa", como son "la eliminación del concepto demanda social, que da cobertura a las aulas de la concertada para que sean libremente solicitadas por los padres, y la preservación del castellano como lengua vehicular en nuestros sistema educativo".

Además, la reforma de la ley educativa, ha advertido la dirigente del PP, "no persigue la mejora del rendimiento académico ni intenta eliminar o reducir el fracaso escolar en nuestro país. Es una reforma con la que pretenden dar cobertura jurídica a una imposición y a la apisonadora ideológica de la izquierda".

Catalá ha indicado que el PP de la ciudad de València se sumó hace unas semanas al manifiesto de la plataforma Más Libres, Más Plurales y Más Iguales en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

La portavoz ha coincidido con el alegato de esta plataforma en que la reforma de la ley "restringe la libertad de los padres en la educación de sus hijos y atenta contra pluralidad de nuestro sistema educativo, atacando al modelo de educación concertada y que rompe la complementariedad de redes recogida en la Constitución".