VALÈNCIA. El uso de la antigua sede del Alinghi se ha convertido en otro motivo de fricción entre los dos socios del Govern del Rialto. Así, Compromís y PSPV arrastran un desacuerdo en este asunto que incluso conllevó un hecho casi inédito a lo largo de estos años de mandato conjunto: la votación en contra de los socialistas en Junta de Gobierno a la iniciativa del alcalde, Joan Ribó.

El primer edil y referente de Compromís decidió que parte del espacio de las citadas instalaciones se destinaran al servicio autonómico de empleo, Labora, controlado también por la coalición valencianista, para que ubicara allí un centro de orientación y emprendimiento. 

Un proyecto que encontró la oposición del grupo socialistas liderado por la vicealcaldesa Sandra Gómez, que proponía el alquiler de la antigua base a una empresa fuerte y preferiblemente de carácter tecnológico. Es más, tal y como informó este diario, la compañía estadounidense HP había mostrado su interés en el recinto hasta que saltó la noticia del golpe de timón dado por Ribó para la instalación de Labora en el mencionado emplazamiento.

Ahora, no obstante, el alcalde ha encontrado dificultades jurídicas para llevar a su proyecto y el PSPV vuelve a la carga con su idea de replantearse el destino de la antigua base. "Desde el grupo socialista planteamos recuperar la idea de que sirva para acoger una gran inversión que genere empleo y traccione", recalcó el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, preguntado por este diario este martes.

Unas palabras que evidencian el desacuerdo permanente sobre una cuestión que ya generó importantes tensiones antes de verano cuando los socialistas decidieron no respaldar -por tercera vez desde 2015-  una decisión del alcalde.

Al margen de la discrepancia política, el problema de Ribó es que tiene ante sí dificultades objetivas para llevar a cabo su plan. Tal y como informó Valencia Plaza días atrás, dos circunstancias han torpedeado la instalación de parte de Labora en la antigua sede del Alinghi. En primer lugar, los servicios municipales del Ayuntamiento de València han forzado al gobierno municipal a aceptar el recurso presentado por el Partido Popular e insta a anular el arrendamiento aprobado a mediados de junio. La razón: la adjudicación directa en favor al servicio autonómico de empleo no estaría justificada.