VALÈNCIA (EFE). El PP ha anunciado este jueves que el síndic de Greuges, ha admitido su queja e investigará el "reglamento mordaza" aprobado por el alcalde de València, Joan Ribó, y que "restringe la labor de fiscalización de los grupos de la oposición".

En una resolución del 1 de agosto, el síndic ha afirmado que "se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y al derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos de la persona promotora del expediente, lo que faculta al Síndic de Greuges para intervenir en el presente supuesto", según ha informado el PP.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha calificado como "nuevo varapalo a Compromís y PSPV" esta decisión, ya que han recibido "numerosas resoluciones demoledoras de la Agencia Antifraude y numerosos toques de atención por parte del Síndic de Greuges".

El PP ha enumerado "las limitaciones del reglamento mordaza: limitación de cinco preguntas por concejal al pleno y tres a comisión informativa, limitación a uno el número de interrogantes sobre un asunto, impedimento de repreguntar sobre un asunto hasta pasados seis meses, supresión de las cinco preguntas adicionales por Grupo Municipal, limitación de dos las el número de mociones por grupo municipal a Comisión Informativa, prohibición de registrar preguntas o mociones a concejales que no pertenezcan a una Comisión Informativa; y supresión de preguntar al Pleno a más de una Delegación aunque se vean varias implicadas en la materia".

"El reglamento mordaza de Ribó supone un ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de los representantes de los ciudadanos y al derecho a la información también de los vecinos, así como de los medios de comunicación", ha afirmado María José Catalá.

Con la admisión a trámite de la queja del PP, el Síndic da un mes de plazo para que el Ayuntamiento de València envíe un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado.

"En particular, informe sobre las concretas medidas adoptadas en cumplimiento de nuestra Resolución de fecha 15/7/2021 para lograr que la regulación de las preguntas escritas formuladas por los concejales y dirigidas al Pleno y a las Comisiones Informativas se realice de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia, de conformidad con los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito de actuación municipal", señala la resolución del Síndic.

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, ha afirmado que el reglamento es "una nueva cacicada del Gobierno de Ribó y PSOE. En tantos años de gobierno popular, con mayoría absoluta, nunca se impidió de este modo la tarea de control de la oposición y recogida en la Constitución".