VALÈNCIA. El traspaso de brigadistas de Divalterra al Consorcio Provincial de Bomberos por la liquidación de la empresa pública se encuentra a la espera del pronunciamiento judicial en un procedimiento contencioso-administrativo.
El Sindicat Valencià Republicà (SVR) ha interpuesto un recurso, admitido a trámite, contra las diversas resoluciones y acuerdos del Consorcio que preside Maria Josep Amigó (Compromís). En ellas se asumía la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales y de los servicios comunes de apoyo a las brigadas de Divalterra.
El sindicato denuncia asimismo la desestimación del recurso de reposición y reclama el expediente administrativo para formalizar la demanda.
La Diputación de València cerró el pasado junio la empresa pública tras completar su proceso de liquidación. Con la última junta general se puso fin a sus 33 años de existencia, más de un año después de que el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar (PSPV), anunciara el "cierre ordenado y definitivo" de esta mercantil.
La Diputación y el Consorcio Provincial de Bomberos han asumido la mayor parte de la plantilla de Divalterra, con 87 bajas voluntarias.
El proceso, sin embargo, no ha contado con el total acuerdo entre los sindicatos. Algunos como el SVR, Intersindical o el CSIF se han mostrado contrarios a que los trabajadores que se han traspasado no hayan superado un proceso selectivo previo y realizan labores reservadas a personal funcionario.
Los empleados pasaron a ser personal laboral no empleado público con carácter fijo "a extinguir", algo que generaba dudas jurídicas aunque la Diputación considera que una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre un asunto similar les da la razón.
