VALÈNCIA (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición de la Asociación "Sanitat Sols Una" de suspender de forma cautelar el decreto que regula los efectos de la extinción del contrato de gestión de servicio público del Departamento de Salud de la Ribera en materia de personal.

La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV considera que los intereses invocados por los recurrentes "no tienen entidad bastante para exigir la suspensión cautelar".

Los recurrentes pedían la nulidad de pleno derecho del Decreto por la improcedencia del mismo como instrumento normativo para establecer los efectos en materia de personal derivados de la reversión, y por contravenir el procedimiento legalmente establecido para su elaboración y aprobación.

Además, advertían de la "irreparabilidad de los perjuicios" que el Decreto podría causar y se remitían a un informe pericial que justificaba el "grave impacto sanitario, que describe en la ausencia de un plan general o proyecto global elaborado por la Conselleria de Sanidad que haya sido conocido en profundidad".

A juicio del tribunal, dicho informe "no es suficiente para justificar la irreparabilidad de los perjuicios que la aplicación del Decreto pudiera hipotéticamente ocasionar" pues, según el fallo, "los derechos de los trabajadores no sufrirán un perjuicio irreversible".

La Abogacía de la Generalitat exponía como alegaciones para oponerse a la medida cautelar de suspensión solicitada que la misma "sí que produciría perjuicios al interés general" y la falta de legitimación de la asociación y del resto de recurrentes.

El fallo recuerda que La Conselleria de Sanidad y Ribera SAlud II UTE formalizaron un contrato de gestión de servicio público por concesión cuyo objeto consistía en la prestación de los servicios de atención sanitaria integral en el área de salud de La Ribera.

Transcurrido el plazo de la concesión, la Administración acordó no prorrogar el expediente de contratación y se inició la reversión del servicio público y la Conselleria asumió la gestión el 1 de abril de 2018.