ALICANTE. Es a la vez una asignatura pendiente y un compromiso de legislatura. El Consell pone el foco en los pisos turísticos e inicia los primeros estudios a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para abordar una regulación específica sobre el sector, tras los pasos ya anunciados en otros territorios como la Comunidad de Madrid o Baleares, en el ámbito de las competencias que recaen sobre la Generalitat.
Fuentes del departamento autonómico que dirige Nuria Montes concretaron que esa futura normativa tratará de dar respuesta a dos cuestiones esenciales. La primera no es ninguna sorpresa. Consiste en la lucha contra la oferta ilegal: los apartamentos no reglados que suponen un nicho de economía sumergida y restan mercado tanto a los hoteles como a los apartamentos turísticos profesionalizados que sí están inscritos en el registro autonómico.
Para ello, se plantea el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o el uso de bots que permiten detectar la presencia de vivienda turística no declarada como tal en ese registro a partir de la oferta que se promociona en las plataformas dedicadas a la difusión de alojamientos, del tipo de Airbnb.
Se trata de un sistema en el que ya trabaja la Dirección General de Innovación, bajo la coordinación de Juan José Cortés, que vendría a suplir la carencia de inspectores encargados de evitar la oferta ilegal, toda vez que tan solo se dispone de una plantilla compuesta de once personas para el conjunto de la Comunitat: 4 en la provincia de Alicante, 4 en la provincia de Valencia y 3 en la de Castelllón.
Y la segunda cuestión esencial consiste en la determinación de los requisitos concretos para que un inmueble pueda ser considerada vivienda turística. En ese apartado encajaría desde los servicios que se debe suministrar a los potenciales clientes para ofrecerles alojamiento, en prestaciones tan básicas como el menaje o la ropa de cama mínima, hasta aspectos formales relacionados con los parámetros necesarios para su inscripción en el registro autonómico.
