VALÈNCIA (EFE). El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el decreto ley del Consell de la reforma fiscal valenciana aprobado el lunes, que firman el president de la Generalitat, Ximo Puig, así como los consellers de Hacienda, Arcadi España, de Política Terrorial, Rebeca Torró, y la extitular de Transición Ecológica, Mireia Mollà.

El decreto ley, que entra en vigor este viernes y es una iniciativa conjunta de las Consellerias de Hacienda, Política Territorial y Transición Ecológica, consta de nueve artículos, una disposición transitoria y tres finales, y su objetivo es incorporar medidas para afrontar el aumento de la inflación, con especial atención a las rentas medias y bajas.

De esta forma, se modifica el tramo autonómico del IRPF con una nueva escala, que parte de un tipo marginal mínimo del 9 % para los primeros 12.000 euros, "el tipo más bajo de todas las comunidades autónomas, junto con Canarias, La Rioja y Madrid, para beneficiar a los contribuyentes con menos recursos", expone el decreto.

A partir de los 12.000 euros se crean varios tramos constantes de 10.000 euros, con el objeto de reducir la carga tributaria a aquellas personas contribuyentes con rentas inferiores a los 60.000 euros, mientras las situadas a niveles superiores seguirán manteniendo una tributación similar.

El texto eleva en un 10 % -el máximo permitido por el vigente sistema de financiación- los importes de los mínimos personales, familiares y por discapacidad para acceder a las deducciones, cuyas cuantías se actualizan también un 10 %.

Asimismo, se crean nuevas deducciones, de cien euros cada una, para contrarrestar los efectos de la inflación en el incremento de los costes de la financiación ajena en la inversión de la vivienda habitual y los costes por tratamientos de fertilidad de mujeres de 40 a 45 años no atendidas en la sanidad pública.

El decreto ley regula asimismo la deducción por cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo o de generación de energía eléctrica o térmica a través de fuentes renovables, del 40 % en la vivienda habitual y del 20 % en segundas residencias, hasta una máximo de 8.800 euros por vivienda y ejercicio.

También incluye la posibilidad de enajenación directa onerosa de suelo a organismos públicos, sociedades, entidades o empresas de capital íntegramente público, o a otras administraciones públicas, siempre que el destino de esta transmisión sea la gestión y promoción de suelo en actuaciones de iniciativa pública.

Se trata de una medida "necesaria y urgente", según el texto, para acometer diversos proyectos de interés general que deben ejecutarse en este ejercicio presupuestario por la Generalitat y con ello evitar la pérdida patrimonial que implicaría su cesión gratuita para la administración cedente.