VALÈNCIA. La planta fotovoltaica bautizada como Argos, que se encuentra en plena construcción y ocupa 191 hectáreas entre los términos municipales de Salinas y Villenas, ha cambiado de manos. El grupo valenciano Atitlan ha vendido el proyecto al fondo alemán Luxcara, tal y como ha confirmado a este periódico.

La operación se produce en un contexto de creciente contestación social al proyecto. Una asociación vecinal de Salinas y Villena denuncia un supuesto incumplimiento de los condicionantes fijados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En su comunicado, el colectivo sostiene que la planta, de 84 megavatios de potencia, se ubica en un espacio próximo a zonas integradas en la Red Natura 2000 (como la ZEPA y ZEC de la Sierra) y con presencia de hábitats de interés comunitario. Según la asociación, desde el inicio de las obras, a finales de septiembre de 2025, se habría producido un "decapado general" del terreno, con retirada de vegetación y nivelación intensiva del suelo, lo que contravendría, según afirman, el condicionante 5 de la DIA, que limita estas actuaciones a los casos estrictamente necesarios y debidamente justificados.

Los vecinos aseguran que la eliminación de ribazos, matorral y cubierta vegetal en una zona semiárida puede favorecer procesos de erosión y pérdida de suelo fértil, además de afectar a especies de avifauna esteparia presentes en el área, como la alondra ricotí o la ganga ortega, así como a flora singular citada en el entorno. 

El colectivo afirma haber presentado escritos ante el Seprona, la Guardia Civil, los ayuntamientos de Salinas y Villena, la Subdelegación del Gobierno en Alicante y el Ministerio para la Transición Ecológica, solicitando la paralización cautelar de las obras por presunto incumplimiento ambiental. Según su versión, hasta la fecha no habrían obtenido una respuesta que implique la suspensión de los trabajos.

El promotor, por su parte, indica que la superficie desbrozada es inferior al total del proyecto y que, por tanto, no constituiría un "decapado general", una respuesta que los vecinos consideran insuficiente.

Además, cuestionan aspectos recogidos en el estudio de impacto ambiental previo a la autorización, como la inexistencia de afecciones a suelos de alto valor agrológico, vías pecuarias o zonas inundables, y sostienen que parte del ámbito del proyecto se encuentra en terrenos con algún tipo de protección o limitación territorial.

Por su parte, fuentes del grupo valenciano Atitlan confirmaron la venta del activo al fondo alemán Luxcara y señalaron que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones administrativas preceptivas. Por lo que respecta a la Autorización Administrativa de Construcción, publicada en el BOE en abril de 2023, establece la obligación de cumplir las condiciones impuestas en la DIA y contempla que la Administración pueda dejar sin efecto la resolución en caso de incumplimiento.