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Bruselas da un ultimátum a España para que ajuste los umbrales sobre el tamaño de empresas

  • Comisión Europea.
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BRUSELAS (EFE). La Comisión Europea dio este jueves un ultimátum a España para que actualice los umbrales económicos que determinan el tamaño de las empresas según su balance y volumen de negocio, según informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha dado así un paso más en el procedimiento de infracción que abrió en enero a España, Portugal, Chequia y Malta, después de que incumplieran la fecha límite del 24 de diciembre de 2024 para trasladar a su legislación nacional la directiva delegada que ajustó, de acuerdo con la inflación, los criterios para establecer si una firma es considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa.

En España, esta actualización fue adoptada por el Consejo de Ministros el 29 de octubre de 2024 a través de un anteproyecto de ley.

Los umbrales que determinan el tamaño empresarial no eran ajustados desde 2013 y la Comisión calcula que, desde ese año y hasta 2023, la inflación acumulada alcanzó el 24,3 % en la eurozona y el 27,2 % en el conjunto de la Unión Europea.

El objetivo de la medida era evitar que se empiecen a aplicar sobre microempresas y las pymes europeas las obligaciones de información financiera y de sostenibilidad que se exigen a las grandes compañías.

La actualización, en concreto, modifica los umbrales en términos monetarios que establecen la cantidad máxima de volumen de negocios neto y del tamaño de balance, pero no introduce cambios con respecto al criterio relativo al número de empleados.

El objetivo es "garantizar que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no estén sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de presentación de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas más grandes, y es fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa".

España y los otros tres miembros involucrados en los expedientes disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión Europea, que ha amenazado con elevar los casos al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no actualizan sus normativas.

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