CASTELLÓ. El nuevo marco regulatorio ambiental que plantea la Unión Europea para el periodo 2026-2030 es la amenaza más inminente a la que se enfrenta la industria cerámica. El recorte del 34% de las emisiones gratuitas de CO₂ comportaría un coste adicional de hasta 163 millones de euros al año, un esfuerzo que el sector considera inasumible y que podría derivar en deslocalizaciones. Bruselas impone unas condiciones para caminar hacia la descarbonización, pero en estos momentos la tecnología no está preparada para sustituir el gas por energías verdes. A la vista de ello, la patronal azulejera ha logrado movilizar a todos los actores y ha conseguido un frente común sin precedentes, con el concurso del Gobierno, la Generalitat y los principales partidos políticos, PP y PSOE.
El último en sumarse a las reivindicaciones del azulejo ha sido el Ministerio de Industria, cuyo papel es esencial para que Bruselas flexibilice su ajuste en CO₂. El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, trasladó el martes el apoyo del Gobierno a la cerámica y reconoció “la dificultad estructural para llevar a cabo un proceso de descarbonización de la industria cerámica por falta de madurez tecnológica”. Se comprometió a acompañar al sector en Europa para defender cuestiones relacionadas con su competitividad y afirmó que el ministerio acompañará a las empresas para que participen en las nuevas convocatorias de inversiones en descarbonización y de compensaciones de CO₂.
También puso en valor el esfuerzo del sector en inversión tecnológica e innovación en los últimos años. La cuestión es que los plazos y requisitos de descarbonización que propone la Unión Europea supondrían otro sobrecoste para un sector que desde 2019 ha reducido un 29% la cifra de compañías. Según el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, durante la reunión “se puso de manifiesto el esfuerzo realizado durante décadas por el sector y el compromiso con el cumplimiento de los objetivos de descarbonización”, pero al mismo tiempo se expuso “la complejidad técnica y económica de alcanzar esos objetivos con la tecnología disponible y la infraestructura desplegada”.
El sector, añade Echavarría, “no teme hacer las inversiones oportunas para continuar su actividad y defender su competitividad, pero no puede hacer magia. No podemos invertir en algo que todavía no es técnicamente viable, no está comercialmente disponible y no es económicamente competitivo”. “Es fundamental el apoyo del Ministerio y del Gobierno de España en la defensa del sector en Bruselas, para que se acompasen los objetivos de descarbonización a la madurez tecnológica y se garantice una transición justa y ordenada”, agrega.
- El secretario de Estado de Industria con los representantes de Ascer
32% del PIB industrial en Castellón
El clúster de la industria cerámica -sumando azulejo, esmaltes y maquinaria- representa el 32,2% del PIB total de la provincia de Castellón y concentra 20.000 empleos directos y 90.000 indirectos. El 90% del sector nacional se localiza en Castellón, lo que la ha convertido en una de las provincias más industrializadas de España, equiparable a regiones europeas como Baviera o Lombardía. Por ello, el sector ha impulsado una ofensiva para intentar revertir los planes de la Comisión Europea. Bruselas justifica el ajuste de las emisiones gratuitas de CO₂ para profundizar en la descarbonización, pero la industria carece actualmente de capacidad para llevar a cabo la transformación energética que se exige en los próximos años.
En este sentido, reclama una congelación del recorte de la UE, una exigencia que también reivindica la industria italiana. En su periplo ya ha logrado el apoyo de la Generalitat, con la que ha mantenido diversas reuniones, así como de la CEOE, el Puerto de Castellón, los parlamentarios del PP en el Congreso, Senado y Europarlamento. Los populares han anunciado, tras mantener una reunión con Ascer, que presionarán tanto en Madrid como en Bruselas. El Consell y el PP también reclaman al Ejecutivo central que modifique la rebaja del 37% que pretende aplicar en la cogeneración, una medida que tendría otro impacto adicional de 30 millones de euros.
Hace dos años, a través de la CEV, diferentes agentes económicos y sociales impulsaron un manifiesto en defensa de la industria cerámica ante el incremento de los costes energéticos provocado por la guerra de Ucrania.
El PSOE en el Europarlamento pide proteger a la industria local
Por su parte, las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez también se unen al clamor del azulejo y han pedido a la Comisión Europea que proteja a la industria cerámica europea frente al riesgo de deslocalización, salvaguarde “los intereses de estos sectores y proteja los empleos de más de 200.000 familias”. En una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo comunitario, Pajín y Gómez se refieren a la actualización de las asignaciones gratuitas de CO₂, con reducciones del 50% o muy cercanas, que consideran “especialmente ambiciosas para sectores como el cerámico”.
El texto señala que la asignación gratuita sirve para proteger a las industrias locales y evitar la deslocalización, y que su reducción se plantea a pesar de que “sectores como el azulejero no tienen alternativas tecnológicas reales, ni existen redes ni infraestructuras eléctricas en las regiones en las que se concentran que permitan su electrificación”, como ocurre en Castellón, en España, o Emilia-Romaña, en Italia.
“La retirada de la asignación gratuita condena la competitividad de estos sectores y les retira cualquier incentivo para permanecer en Europa”, aseguran las eurodiputadas. Ante esta situación, Pajín y Gómez solicitan a la Comisión “mecanismos reales y a corto plazo para garantizar la competitividad del sector”.
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