ALCOY. El Consejo Intertextil Español reclama que las instituciones europeas incorporen la competitividad industrial como un criterio central en el diseño y la aplicación de las nuevas normativas que afectan al sector textil.
La organización comparte los objetivos de sostenibilidad, trazabilidad, digitalización, seguridad de producto y economía circular impulsados por la Unión Europea. Sin embargo, advierte de que "las empresas están asumiendo, en un periodo de tiempo muy reducido, un número creciente de obligaciones que afectan simultáneamente a prácticamente todas las áreas de su actividad".
Ecodiseño, trazabilidad, Pasaporte Digital de Producto, responsabilidad ampliada del productor, diligencia debida, 'reporting' o nuevos requisitos ambientales pueden responder a objetivos necesarios. "El problema aparece cuando se acumulan con calendarios distintos, desarrollos técnicos incompletos y criterios todavía poco definidos".
El CIE advierte de que esta acumulación normativa llega en un momento especialmente exigente para la competitividad europea. El informe 'The future of European competitiveness', elaborado por Mario Draghi para la Comisión Europea, estima que la Unión Europea necesita una inversión adicional anual de entre 750.000 y 800.000 millones de euros, equivalente al 4,4% - 4,7% del PIB europeo, para cumplir sus objetivos y cerrar su brecha competitiva.
En este contexto, el Consejo considera imprescindible "que las nuevas obligaciones normativas no reduzcan precisamente la capacidad de las empresas para invertir, innovar, ganar dimensión, mejorar su productividad y mantener actividad industrial en Europa".
Como indican en una nota de prensa, "la propia Comisión Europea ha situado la simplificación normativa entre sus prioridades de competitividad. Su objetivo es reducir la carga administrativa en al menos un 25% para el conjunto de las empresas y un 35% para las pymes, con un ahorro esperado de 37.500 millones de euros en 2029".
Un impacto que va más allá del coste económico
La aplicación de nuevas obligaciones exige tiempo, personal especializado, adaptación de procesos, recopilación y gestión de información, sistemas tecnológicos e inversiones productivas. Estos recursos dejan de estar disponibles para innovar, modernizar instalaciones, desarrollar nuevos productos, abrir mercados o mejorar la productividad. "La presión es especialmente relevante en el sector textil, formado mayoritariamente por pymes y empresas industriales de dimensión media, que no siempre cuentan con estructuras internas capaces de absorber simultáneamente nuevos requerimientos jurídicos, técnicos, ambientales y digitales".
La carga regulatoria también tiene efectos medibles. La OCDE ha señalado que el aumento de los recursos destinados al cumplimiento normativo se asocia con una reducción de la productividad laboral y con un menor peso del empleo en empresas jóvenes. En España, el Banco de España recuerda que solo en 2022 se aprobaron 11.775 nuevas normas, una cada 45 minutos, y advierte de que las empresas pequeñas son especialmente sensibles al incremento de la regulación.
El Consejo Intertextil Español considera que la Unión Europea debería analizar no solo el impacto individual de cada nueva norma, sino también su interacción con las obligaciones ya aprobadas o en preparación. “Antes de incorporar nuevos requisitos, las instituciones deberían evaluar su coste administrativo y tecnológico, los recursos humanos necesarios, los plazos de adaptación y su efecto sobre la competitividad, con especial atención a las pymes industriales”.
Este análisis permitiría "detectar duplicidades, evitar exigencias contradictorias, coordinar calendarios y simplificar los procedimientos de información y cumplimiento". Para el CIE, “la simplificación no debe entenderse como una rebaja de los objetivos europeos, sino como una condición para que puedan aplicarse de forma eficaz sin debilitar la base productiva”.
Obligaciones con impacto real
En el ámbito textil, algunas transformaciones permiten dimensionar la magnitud del reto. Un análisis de Boston Consulting Group estima que escalar el reciclaje textil a textil en Europa hasta el 15% en 2035 requeriría entre 8.000 y 11.000 millones de euros de inversión inicial, además de 5.000 a 6.500 millones de euros anuales en costes operativos.
Además, el documento europeo de referencia sobre mejores técnicas disponibles para la industria textil, publicado por el 'Joint Research Centre' de la Comisión Europea, confirma "que las exigencias ambientales afectan a procesos productivos concretos y que los costes y beneficios de aplicar determinadas técnicas dependen en gran medida de la situación específica de cada planta".
Para el CIE, "estos ejemplos muestran que las nuevas obligaciones deben ir acompañadas de financiación suficiente, plazos realistas, seguridad jurídica, apoyo técnico y criterios de aplicación adaptados al punto de partida de las empresas”.
El CIE también reclama mayor estabilidad y previsibilidad normativa. Las inversiones industriales suelen planificarse con horizontes de varios años y requieren conocer con suficiente antelación las condiciones técnicas, económicas y regulatorias que deberán cumplir las empresas.
A ello se añade la necesidad de garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea, con independencia de su origen o canal de venta, estén sujetos a requisitos equivalentes y a controles efectivos. "Europa no puede reclamar más inversión industrial y, al mismo tiempo, multiplicar obligaciones que reducen la capacidad de las empresas para invertir. La regulación debe ayudar a transformar la industria, no debilitarla", concluye el presidente del CIE, José Mª Mestres.
