VALENCIA. El consejo de administración de Bancaja incluía en el orden del día de su última reunión una propuesta que pedía la retirada de la reforma del Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito que le ha abocado a su disolución obligada al adelantar de seis a cinco meses el plazo previsto para que las cajas de ahorro sin negocio se transformasen en fundación.

La propuesta la presentó el consejero José Camarasa, nombrado a propuesta del PSPV-PSOE, y se incluyó en el orden del día con el apoyo de los represntantes de la Unión de Consumidores de España (UCE), los sindicatos y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En esta propuesta se instaba al consejo de administración a manifestar el rechazo a una modificación legislativa lesiva para los intereses de la caja que ya tenía en marcha un proceso que se vería obligada a paralizar, pese a estar avanzado y tener previsto aprobarse antes de fin de año, margen que inicialmente entraba en los seis meses de límite. 

La propuesta no llegó a votarse en el consejo, si bien Camarasa sí la pudo defender. El motivo es que estaba presentada desde hace algunas semanas, cuando se hizo público que, en el trámite de enmiendas en el Congreso, se había rebajado el plazo de seis a cinco meses. La propuesta que se sometía al consejo incluía dirigirse al Gobierno y al Senado (donde iba a tramitarse la reforma en ese momento) para pedir que se paralizase. 

Sin embargo, el consejo se celebró cuando la ley ya ha entrado en vigor (lo hizo el pasado día 15 de noviembre), con lo que la propuesta no tenía sentido cuando este jueves se reunió el órgano de gobierno de la caja. 

Pese a que finalmente no se votó, la propuesta sí permitió a algunos consejeros, incluído el presidente, José María Mas Millet, lamentar que el cambio de la ley no tuviera en cuenta los esfuerzos de la caja para adaptarse al nuevo escenario y lamentar la forma abrupta en la que se han desencadenado los acontecimientos.

La propuesta también incluía un punto en el que se mostraba la preocupación por la decisión que pueda tomar la Generalitat Valenciana, que es en manos de quien queda ahora el proceso de transforamción de la caja, a la hora de elaborar los nuevos estatutos, basándose en la propuesta que se hizo en la CAM y que no llegó a aprobarse en la asamblea de la caja de Alicante. En aquel borrador de estatutos, los miembros del patronato de la fallida Fundación CAM eran elegidos al 50% por los gobiernos regionales de Murcia y de la Comunitat Valenciana.