VALENCIA. El Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) SAU.

Subraya en este sentido que "el coste de personal que genera el mantenimiento de dicha plantilla sobredimensionada, unido a los de funcionamiento de la sociedad, suponen un elevado nivel de gastos que la Generalitat no puede asumir en unos momentos en los que la escasez de recursos económicos y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".

Este criterio favorable cuenta con el respaldo de un informe de la Abogacía de la Generalitat y de otro informe de la Intervención General de la Generalitat. El Gobierno valenciano apoya la toma en consideración de esta proposición de ley, ya que, según destaca, los argumentos en los que se sustenta persiguen "la protección del interés general de todos los valencianos y valencianas", así como "garantizar el mantenimiento de servicios básicos".

El acuerdo adoptado alude a que "la situación económica y financiera de Radiotelevisión Valenciana determinó que, entre las medidas a adoptar, se llevasen a cabo actuaciones para el redimensionamiento de una plantilla con más de 1.600 trabajadores, con el objetivo de facilitar la viabilidad de la empresa, de manera que la nueva mercantil pudiera prestar el servicio en condiciones de eficiencia y sostenibilidad".

JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 

No obstante, subraya que, tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ha declarado nulo el despido colectivo y ha determinado el reingreso de más de 1.000 trabajadores, "dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa".

Por ello, argumenta que "todas estas circunstancias explican la necesidad, para poder garantizar el mantenimiento de servicios básicos, de que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat".

Se trata, añade, de "una necesidad que encuentra absoluta justificación en las razones que recoge la exposición de motivos de la proposición de ley y que, en último término, no son otras que la protección del interés general de todos los valencianos y valencianas".