VALÈNCIA. El comercio de las zonas arrasadas por la Dana del pasado mes de octubre sigue sin un futuro claro, cuando faltan días para que se cumplan cinco meses de la tragedia. Las ayudas no son suficientes y los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros van con lentitud y retraso, lo que está impidiendo que muchos puedan volver a levantar la persiana. Tanto es así que a día de hoy, el 20% del tejido comercial de estas zonas permanece cerrado y un 25% de los negocios está en riesgo de cierre permanente de continuar esta situación. Un drama que ha llevado en varias ocasiones al comercio a alzar la voz y pedir auxilio a unas Administraciones que ven "descoordinadas" e inmersas en una batalla.

"Las empresas necesitamos que las Administraciones trabajen unidas y sin reproches. Muchas de esas peleas llevan a una inacción que, al final, quien la paga es el que no puede salir del agujero", incidió Rafael Torres, presidente de la Comisión de Comercio de la CEV y de la patronal del pequeño comercio valenciano Confecomerç, en una ponencia en el V Encuentro Comercio CEOE C4, aprovechando la asistencia de representantes tanto del gobierno autonómico como central. A la jornada, acudieron el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López, entre otras.

Una cita en la que se abordaron los retos que afronta el comercio, que representa el 13% del PIB de España y el 11,7 % de la economía de la Comunitat, y en la que la catástrofe de la Dana estuvo muy presente, ya que todavía muchas empresas no han podido retomar su actividad. En concreto, cerca del 20% de los 8.884 locales dañados aún a día de hoy no han podido reabrir y los que sí lo han hecho están "en condiciones que para nada son de normalidad", detalló Torres. De ellos, más de 5.000 presentan daños muy graves y las pérdidas totales del sector se estiman en los 1.700 millones de euros.

No solo eso, sino que, además, dada la situación actual y la indefinición en el cobro de muchas ayudas, Torres advirtió de que 1 de cada 4 negocios en esas localidades está en riesgo de no volver a abrir porque no existen certezas sobre su viabilidad. En este sentido, detalló que de las más de 230.000 solicitudes presentadas al Consorcio, 16.000 son de comercios, y mientras que la entidad de seguros ya ha abonado algún pago al 79% de las empresas en general, en el caso del comercio esa cifra baja hasta el 71%, con el agravante de que ese cobro "no cubre el 100% de los daños de lo asegurado". 

Sobre las líneas de avales ICO señaló que para la mayoría no son una opción por los intereses, mientras que las ayudas que se han puesto en marcha las consideró "insuficientes", dada la delicada situación de los negocios, la mayoría de pequeño tamaño, sin un gran pulmón financiero y con destrozos del 100% del negocio. "La mayoría están sacando los ojos y la nariz del agua y peleando por salir adelante, pero la necesidad media de inversión es de 140.000 euros y las ayudas que perciben es de 8.000 euros para los autónomos y de 20.000 euros en el caso de los comercios con empleados", señaló. 

Multiplicar por cinco las ayudas y agilidad del Consorcio

En total, el Gobierno ha habilitado ayudas directas a los sectores productivos por valor de 838 millones y que van de los 5.000 euros hasta los 150.000 euros en función del tamaño y la facturación, mientras que la Generalitat ha lanzado una partida dotada de 332 millones, desde los 5.000 euros y hasta los 5.000 euros. No obstante, sumando las de ambas administraciones, de media y en total, un establecimiento percibe de media unos 20.000 euros, "claramente insuficientes" para reconstruir prácticamente desde cero la mayoría de superficies. 

Por ello, Torres reclamó que las ayudas "se multipliquen por cinco" y que sea la Administración "más fuerte", es decir, el Gobierno Central, el que "más ponga". De hecho, lamentó que los presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez "son 12 veces más grandes que los autonómicos, pero las ayudas por la Dana son solo 2,5 veces más". También, exigió anticipos al Consorcio de Compensación del 50% de los daños y simplificación administrativa. " Nos preocupa la lentitud del Consorcio porque muchas empresas no saben todavía si van a volver. Necesitamos que la gente empiece a invertir o ese 25% de negocios que están en riesgo se quedará corto", advirtió. 

Unas exigencias a las que se sumó el presidente de la CEV, quien también criticó la "paralización" y "tapón" de las indemnizaciones del Consorcio. "Hay muchos comercios con las puertas renovadas y abiertas, pero dentro no hay nada. La gran apuesta que tiene que hacer el sector público y el privado es ir de la mano para dar una solución a un sector productivo que es vital para la población", subrayó Navarro para incidir en que "sin apoyo urgente, los comercios no podrán sobrevivir".

"El 95% de las ayudas estarán resultas en abril"

Al respecto y ante las críticas, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, defendió que se va a "dar un empujón" a la resolución de las ayudas por parte del Consorcio de Compensación de Seguros y, en este sentido, prometió que para que a finales de abril se habrán resuelto en torno al 95 % de las solicitudes. En este sentido, defendió que el Gobierno ha movilizado ya 4.750 millones en ayudas para los afectados de la Dana.

Sobre la tardanza de las indemnizaciones, la secretaria de Estado insistió en que se han resuelto “8 de cada 10 solicitudes” y que de las 240.000 solicitudes que ha recibido el Consorcio, se han resuelto ya 180.000. "En las últimas seis semanas se han resuelto 80.000 solicitudes y se han pagado 1.000 millones de euros más", subrayó. 

También, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, pidió al Consorcio acelerar los pagos, ya que aseguró que “apenas la mitad de las empresas afectadas han recibido las indemnizaciones", por lo que tendió la mano al Gobierno para unir fuerzas y colaborar en la agilización de los trámites con el fin de garantizar que los abonos lleguen cuanto antes a los empresarios damnificados.