MADRID (EP). El Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura ha provisionado algo más de 200 millones de euros para afrontar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dirección y sindicatos han acordado para un total de 1.227 trabajadores.

Dirección y sindicatos del grupo de tres cajas de ahorros liderado por la asturiana pactaron este miércoles solicitar la autorización definitiva del ERE a la Dirección General de Trabajo, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

Entre las condiciones del ERE figura la posibilidad de los trabajadores de acogerse a prejubilaciones a partir de los 55 años y de recibir hasta el 95% del sueldo neto, así como la opción de aceptar una baja incentivada.

Este ERE se inscribe en la reducción de capacidad instalada derivado del proceso de consolidación del sector, siguiendo las recomendaciones que a tal efecto ha realizado el Banco de España.

Las condiciones del ERE son idénticas a las pactadas con anterioridad cuando las entidades estaban inmersas en la integración con la CAM de cara a la creación de Banco Base. Al frustrarse el proyecto, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han decidido seguir adelante con sus planes de redimensionamiento adaptados a la nueva situación del sector.