ELDA. Las cuentas y las deudas entre Vodafone y Finetwork siguen dando pasos en los tribunales. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha recibido la petición de Finetwork para la comunicación de apertura de negociaciones con acreedores. Un paso que le da meses para pactar posibles acuerdos con Vodafone y otras compañías, una fase oficial hacia un 'preconcurso de acreedores'. La teleco con sede en Elda quiere tiempo para negociar deudas. En un principio, la norma da tres meses con la posibilidad de ampliarse con una prórroga otros tres meses si no hay acuerdo. Con este movimiento, puede protegerse ante acreedores. 

Cabe recordar que esta semana, como ha contado este medio, el mismo juzgado hacía pública la designación de FTI & Partners como experta en el proceso de reestructuración de Wewi Mobile, firma tras la marca Finetwork. Esta decisión forma parte del procedimiento de homologación judicial de un plan de reestructuración solicitado por Vodafone España y Vodafone Ono S.A., en el marco de los impagos acumulados por parte de la operadora eldense. Según un auto de este mismo mes, la solicitud fue presentada el 11 de abril por la procuradora que representa a Vodafone y el juzgado considera que la parte demandante ostenta más del 50% del pasivo de la sociedad deudora, lo que le otorga legitimación para instar este procedimiento según la ley concursal. 

El auto reconoce que la mercantil responsable de Finetwork no había iniciado previamente la comunicación formal de negociaciones para un plan de reestructuración, pero sí se encontraba, a juicio del juzgado, en una situación de insolvencia inminente o actual. Se ha designado, así, a FTI Consulting como firma responsable de intervenir en el proceso. Posteriormente, un segundo auto corrige y completa la resolución inicial, precisando que la entidad nombrada es FTI & Partners Corporate Recovery Spain SLP.

La reestructuración se enmarca en un conflicto abierto entre ambas compañías por el impago de cantidades correspondientes a varios contratos de acceso mayorista. Como ya ha contado este medio, Vodafone había renovado su acuerdo con Finetwork en mayo de 2024, tras una negociación prolongada. En ese acuerdo se contempló una quita de deuda vinculada al contrato anterior, por un valor aproximado de 40 millones de euros, así como un nuevo calendario de pagos. No obstante, tras el incumplimiento de dicho calendario por parte de Finetwork, Vodafone optó por iniciar acciones legales para reclamar las cantidades pendientes.

El procedimiento judicial se inscribe dentro de la ley concursal permite a acreedores con más del 50% del pasivo solicitar el nombramiento de un experto para promover un plan de reestructuración que pueda ser homologado judicialmente.

La postura de la CNMC

En una resolución pública previa, ante este conflicto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvía adoptar medidas provisionales a favor de Vodafone España contra Finetwork "por el impago reiterado de servicios mayoristas de red fija y móvil".

La decisión, formalizada mediante resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria, se producía tras la solicitud de Vodafone de suspender temporalmente la prestación de sus servicios mayoristas a Finetwork, "ante la creciente deuda acumulada por esta última". La CNMC estimó la solicitud de medidas cautelares al considerar acreditado el impago por parte de Finetwork y "constatar que este incumplimiento supone un riesgo económico relevante y continuado para Vodafone", según ese comunicado.

En su análisis, el organismo regulador señalaba que Finetwork no había abonado los pagos mensuales establecidos por contrato desde enero de 2025, pese a los requerimientos realizados. La Comisión subrayaba que esta falta de pago constituye una vulneración de las obligaciones contractuales esenciales y habilita la adopción de medidas para preservar el equilibrio en el mercado y la viabilidad del proveedor mayorista.

A la vista de los hechos, la CNMC ordenó a Finetwork abonar el prepago correspondiente al mes de abril de 2025 en un plazo de 10 días desde la notificación de la resolución. Además, debía continuar cumpliendo con los pagos mensuales que correspondan durante la tramitación del expediente.

El regulador consideraba que la medida adoptada es proporcionada y no genera perjuicios a los usuarios finales, quienes mantendrán su servicio activo. Asimismo, recordaba que la resolución pone fin a la vía administrativa, si bien puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. 

Ahora, Finetwork ha dado nuevos pasos para blindarse y ganar tiempo para negociar y acordar con acreedores.