Previsiblemente, esta reforma, que lo que hace es adaptar la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid al Real Decreto-Ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro que aprobó el Gobierno en julio de 2010, se aprobará con los votos a favor del PP y el PSOE.
El Real Decreto Ley de julio permite a las cajas de ahorros emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio.
También establece que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público no podrán superar el 40% de los derechos de voto en los órganos de gobierno de la caja e impone un límite de tres años para que salgan esos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas.
Asimismo prevé que sean los Parlamentos autonómicos y no los Gobiernos regionales quienes decidan la representación de las comunidades y que el 50% de los miembros del Consejo de Administración tengan que tener cualificación y experiencia en el sector financiero.
Además, recoge la posibilidad de que estas entidades se transformen en una fundación especial cediendo todo su negocio a un banco en el que participen.
La adaptación que ha realizado el Gobierno de Esperanza Aguirre deja a los ayuntamientos con un 1,5% de representación en el Consejo de Administración de Caja Madrid, suprime el representante autonómico en la Comisión de Control, refuerza el papel de los impositores y pone la Obra Social bajo protectorado de la Comunidad.
El texto se votará mañana en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, junto con las enmiendas que ha presentado cada grupo, tras lo cual se aprobará definitivamente el jueves día 13, en un pleno extraordinario.
Entre las enmiendas, destaca una del PP para introducir en el texto que la decisión de Caja Madrid de transformarse en fundación especial "exigirá autorización previa del Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Por su parte, las enmiendas del grupo socialista van dirigidas a que los sindicatos doblen su representación y a que la potestad para tomar decisiones y emitir autorizaciones que se atribuye el Gobierno regional pase a la Asamblea de Madrid.
El portavoz de Hacienda del grupo popular, Pedro Muñoz, ha dicho a Efe que esta propuesta socialista es "absurda" porque la Asamblea "no tiene competencia de tutela financiera de las cajas", en tanto que la Consejería correspondiente "tiene esa función, no por ser órgano político, sino por ser administración".
