CASTELLÓ. La cerámica europea, con España e Italia como principales productores, sigue a la espera de la publicación definitiva por parte de la Comisión Europea del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) para el periodo 2026–2030. Las autoridades comunitarias guardan silencio por el momento y eluden concretar si asumirán las peticiones no solo del sector azulejero, sino del conjunto de industrias estratégicas del continente, que advierten de que la nueva normativa implicará costes adicionales que podrían poner en riesgo su continuidad. Respecto a la cerámica, el sector alerta de que el ETS supondrá “un nuevo impuesto en la práctica”, que podría ascender hasta los 160 millones de euros en el caso español, al no existir todavía la tecnología necesaria para materializar la descarbonización en los plazos marcados por la UE. Además, el azulejo advierte de que facilitará la entrada de importaciones procedentes de países competidores que, en muchos casos, carecen de regulación ambiental. Por ello, el sector europeo insiste en exigir una congelación del nuevo ETS y la incorporación de la cerámica al mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), un instrumento mediante el cual Europa asigna un coste de carbono a los productos importados.
En estos momentos, la cerámica europea está fuera del CBAM, por lo que la industria considera que el recorte de derechos gratuitos de emisión de CO₂ hasta 2030 tendría un doble impacto en las empresas: por un lado, reduciría su capacidad de inversión al tener que aumentar el gasto en la compra de derechos de carbono; y, por otro, abriría aún más las puertas a países competidores que operan con precios más bajos y sin exigencias medioambientales. Este es uno de los puntos clave del manifiesto "Por el futuro de la cerámica europea", presentado en marzo ante el Parlamento Europeo por las patronales cerámicas de España e Italia, con el apoyo de instituciones regionales y distintos grupos políticos, como PP, PSOE y Compromís.
De este modo, el sector reclama su inclusión en el CBAM para lograr un equilibrio competitivo hasta que se armonicen a nivel mundial las normativas de reducción de CO₂. Asimismo, pide que el mecanismo contemple compensaciones de los costes de carbono en las exportaciones a fin de garantizar una competencia justa entre las empresas europeas y las de países no comunitarios.
El CBAM es un mecanismo de ajuste en frontera por carbono que la UE activó en 2023 como medida para compensar a la industria europea en su proceso de descarbonización frente a la presión de países terceros que no están sujetos a las mismas restricciones. Con ello se pretende evitar una pérdida de competitividad y posibles deslocalizaciones (de ahí el nombre de fuga de carbono), aunque la industria cerámica, por ahora, ha quedado fuera.
España e Italia volvieron a reivindicar en Coverings
La cerámica de España e Italia volvió a emplazar a la UE en la última feria de Coverings de Estados Unidos. La patronal española Ascer advirtió entonces de que el mecanismo en revisión representa “una decisión desconectada de la realidad industrial”, que podría generar efectos altamente penalizadores para un sector ya sometido a una fuerte presión de costes, especialmente energéticos.
En este sentido, según el azulejo, los nuevos benchmarks para la asignación de derechos gratuitos -diseñados para instalaciones expuestas al riesgo de fuga de carbono- son considerados “irreales”, ya que se calculan en base al rendimiento de instalaciones de otros sectores industriales, incluidos aquellos que pueden utilizar biomasa como fuente de energía. “Se trata de un enfoque profundamente erróneo”, señalaron, por su parte, desde la patronal italiana Confindustria, “porque el sector cerámico, por razones tecnológicas y limitaciones objetivas, no puede utilizar biomasa como combustible alternativo”.
En esta línea, Renaud Batier, director general de Cerame-Unie, insistió el pasado 25 de marzo en que las alternativas para llevar a cabo la transición energética en la cerámica “no están listas”. En consecuencia, la reducción de las asignaciones gratuitas supondría, en la práctica, “un impuesto de producción”, que dispararía el coste del CO₂ a niveles insostenibles para el sector. Según estimaciones de Ascer, el impacto sería de entre 109 y 160 millones de euros anuales para el azulejo y de 55 millones para el sector de fritas y esmaltes.
Por el momento, el sector descarta deslocalizaciones debido a la complejidad del proceso, pero advierte de que este nuevo coste sí podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Posible paradoja: menos emisiones de industria local pero más importaciones contaminantes
De hecho, desde la industria se alerta de que el rumbo marcado por Europa podría provocar una paradoja: se reducirían las emisiones de CO₂ a costa del cierre o la deslocalización de la industria local, mientras aumentarían en el viejo continente las importaciones procedentes de países más contaminantes.
Así, las principales demandas del manifiesto del sector cerámico pasan por mantener la asignación actual de derechos gratuitos, suspender la revisión de los benchmarks para 2026–2030, elevar el umbral para pequeños emisores, aplicar el CBAM al sector cerámico y crear fondos europeos destinados a proyectos estratégicos de descarbonización.
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