Evitar errores y cumplir con el procedimiento necesario hará que el permiso indefinido que se ha concedido a los trabajadores readmitidos se pueda alargar hasta la primavera de 2014

VALENCIA. La Generalitat no quiere más tropiezos con Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ha optado por andar con pies de plomo a la hora de sacar adelante su objetivo de cerrarla, si no se decide dar marcha atrás a última hora. "El Consell no tiene una fecha para la liquidación de RTVV. Se quiere hacer conforme fijen los servicios jurídicos", ha asegurado el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Ciscar.

La contundencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el despido colectivo que afectó a 960 trabajadores de la empresa ha hecho que se haya optado por no recurrirla al Tribunal Supremo (TS) y anunciar la reincorporación de los afectados, pero sin asignarles un puesto de trabajo.

Previendo que el proceso será largo, el nuevo director general, Ernesto Moreno, ya ha comunicado a los sindicatos que estos trabajadores primero pasarán a estar de vacaciones y, cuando las terminen, se les impondrá un premiso retribuido indefinido hasta que se proceda al cierre. 

La medida, a partir de este momento, eleva los costes de personal actuales y deja una factura mensual que supera los 6,5 millones de euros. Aunque se vuelve a los costes anteriores al ERE, la productividad es muy inferior por el hecho de que sólo trabajan 691 empleados mientras que el resto hasta los 1.651 no tiene función asignada.

PERIODO DE ELABORACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO 

Cuánto durará esta situación no está claro, pero tiene unos plazos inevitables. La intención del Consell es que no se tome ninguna decisión crucial hasta que los nuevos miembros del consejo de administración de RTVV no hayan sido ratificados por el pleno de Les Corts, previsiblemente en la convocatoria del 27 y 28 de noviembre.

A partir de ese momento, la empresa necesitaría convocar un concurso público para la contratación de un despacho de abogados que elaborara el ERE de extinción, ya que RTVV sólo conserva dos abogados en plantilla, según fuentes de la empresa. En el caso anterior, este trámite se inició a mediados de enero de 2012, cuando salió a licitación.

La adjudicación se produjo dos meses y medio después, tras analizar las propuestas presentadas. Una vez adjudicado, el despacho Garrigues trabajó en la elaboración del ERE hasta mediados de julio, permitiendo que el consejo de administración lo aprobará el 18 de julio.

A partir de ese momento, se tiene que negociar con los sindicatos durante un plazo de 30 días. Haya acuerdo o no, el documento ha de volver al consejo de administración para ser aprobado. En el caso del ERE anterior, este último paso se produjo la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2012: siete meses más tarde.

En la situación actual, este periodo de tiempo se traduciría en unos 45 millones de euros. Aunque los plazos se acortaran en los procesos de elaboración, fuentes jurídicas estiman que se requería un mes para la licitación y otro para la negociación, quedando por en medio lo que se tarde en elegir al ganador del concurso y que éste haga su trabajo. Cuatro meses, como mínimo.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Aunque Ciscar ha rechazado la continuidad de la empresa y su reestructuración por medio de un segundo expediente de regulación de empleo (ERE), alegando "inseguridad jurídica" por el riesgo de que vuelva a ser anulado, distintas fuentes advierten de la imprecisión de esta afirmación, ya que se podría alegar lo mismo para no sacar adelante el cierre.

"En materia laboral estamos en un periodo jurídico de transición, ya que no disponemos de sentencias del Tribunal Supremo que fijen la jurisprudencia necesaria para el ajuste de la última reforma laboral a los casos concretos", señala un destacado abogado.

Además, las peculiaridades del caso de RTVV lo hace especialmente frágil tanto por el número de afectados y el impacto social de la empresa, como por lo positivo de los primeros resultados del plan de saneamiento aplicado (se le liberó de los 1.200 millones de euros que acumulaba) y su condición de prestatario de un servicio público.

EL RIESGO DE VIOLAR EL CÓDIGO CIVIL

Estos aspectos estuvieron sobre la mesa al conocerse la nulidad. De hecho, en las horas previas al anuncio del fin de RTVV, la dirección de la empresa y su equipo jurídico valoraron la alternativa de un segundo ERE tras la anulación del anterior, pero bien negociado y desarrollado con total transparencia y rigor para que fuera incontestable jurídicamente. 

Aunque fuera complicado, se podía intentar ya que la reincorporación obliga a una provisión económica en el balance que hace que éste deje de estar saneado, por lo que la empresa cumpliría las condiciones para aplicar un despido colectivo.

El problema tanto para un nuevo ERE como para un cierre pasa por el riesgo de violación del artículo 7 del Código Civil, que señala que "la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso".

El planteamiento es que si hace unos meses la idea era destinar esfuerzos y fondos a sanear la empresa para que siguiera delante, un cambio de voluntad tan drástico como echar el cierre puede requerir una justificación legal que no todos los tribunales puedan entender como plenamente ajustada a derecho. Un nuevo riesgo que el Consell no quiere asumir en ningún sentido.