CASTELLÓ. La disputa judicial en Marie Claire se antoja larga pero un grupo de once trabajadores ve ya el final del camino para cobrar parte de lo que se les debe en nóminas impagadas e indemnizaciones. Ahora pedirá la ejecución de la primera sentencia emitida a su favor tras haber transcurrido el plazo de 20 días voluntario estipulado por el juzgado de lo Social 2 de Castelló. El sindicato de UGT, que ejerce su representación legal, requerirá que se comprueben los bienes de Formen y si se confirma su insolvencia, que es lo más probable, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se haría cargo de los pagos. 

Esta vía es la única plausible que tienen los empleados para acelerar el cobro. Este primer colectivo ejercitará la ejecución del fallo y el magistrado dará traslado a las partes para su cumplimiento. Al respecto, evaluará si Formen tiene recursos para hacer frente a la condena y, si verifica su insolvencia, podrá intervenir el Fogasa, que por fin abonaría un máximo de 120 días de salarios respecto a las nóminas más 20 días por año trabajado (con un tope de 365 días) en las indemnizaciones por despido. Según el sindicato, el Fogasa de Castellón suele responder con celeridad y destinaría los fondos en unas dos semanas. 

Este proceso responde a la resolución judicial que implica a los once operarios de Marie Claire que estuvieron trabajando en los tres meses previos a la entrada de Formen. El fallo, notificado el pasado 21 de marzo,  validó sus demandas y condenó a Formen por incumplimiento de las condiciones laborales. Así, sentenció a la empresa de Ángel Pío Sánchez a pagar las seis mensualidades no abonadas y a indemnizarlos de acuerdo a un despido improcedente (33 días y 24 mensualidades). También obligó al administrador concursal a asumir las nóminas de julio a septiembre.

A estas alturas, estos trabajadores han llegado a un acuerdo con el administrador concursal por el que este se compromete a pagar dos meses de forma inmediata y el tercero en un máximo de dos meses. También han podido buscar un empleo al haberse rescindido su contrato, desde el 20 de marzo. 

Demanda contra el propietario de Formen

Estos once quedaron fuera del ERE colectivo que presentó Formen, que contempla despidos por causas objetivas. Al respecto, el resto de 60 operarios están a la espera de que el juzgado de lo Social 3 de Castelló decida sobre las demandas presentadas en su caso, en las que también piden recibir las retribuciones pendientes y considerar improcedentes sus despidos. El pasado 23 de mayo se celebraron dos juicios, uno correspondiente a 29 trabajadores defendidos por UGT, y un segundo de 31 a cargo del despacho de abogados de Laborea. 

Además de luchar por sus derechos loborales, Laborea reclamó extender la demanda al dueño de Formen al considerarlo responsable por ser el único administrador de la compañía. Con esta acción pretende que Ángel Pío Sánchez pague con su patrimonio personal, ya que teme que Formen demuestre una falta de fondos y no tenga que asumir ninguna obligación pendiente, recayendo las indemnizaciones y sueldos únicamente en el Fogasa. Esta iniciativa fue respaldada en la vista por el administrador concursal, que lamentó que la sociedad compradora provocó "un daño irreparable" al no efectuar ni un pago comprometido relacionado con la compra de la unidad productiva o los salarios de la plantilla. 

Si por lo Social no se consigue implicar al propietario luego quedaría el Mercantil.