VALENCIA. La dimisión este miércoles de la directora general y presidenta del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, ha provocado un vacío de poder en la empresa pública que gestiona la televisión y la radio públlicas valencianas. Vidal, que ya había anunciado su intención de no participar del cierre de Canal 9 anunciado por el Consell el martes, presentó su dimisión este miércoles por la tarde, desencadenando un caos jurídico para el que la Generalitat busca, todavía sin éxito, una salida.
Desde la tarde del martes, los trabajadores de RTVV han tomado el control de las emisiones. La programación de Nou, Nou 24 y Nou Ràdio se han convertido en monográficos contra la decisión del Consell de cerrar definitivamente la televisión, con duras críticas a la Generalitat y al Partido Popular. Esta situación, que generó malestar en la calle Cavallers, se agravó con la dimisión a mitad de tarde de la directora general y todo su equipo. Un abandono que pilló desprevenido en la forma y las consecuencias al Palau de la Generalitat y despertó grandes suspicacias sobre el mismo.
La renuncia ha sumido a RTVV, como sociedad anónima, en un laberinto administrativo. Según los estatutos de RTVV, cuando dimite la directora general es el presidente del consejo de administración quien asume el cargo. El problema es que Vidal ocupaba ambos puestos, un supuesto que los estatutos propios no recogen, por lo que la empresa pública debe acogerse a la ley de sociedades anónimas.
Esta legislación indica que el propio consejo de administración es el que debe nombrar al nuevo presidente, lo que, por los estatutos de RTVV, implicaba nombrar al director general. Con cuatro consejeros nombrados por el PP (el puesto de Vidal quedaba vacante) y otros cuatro por la oposición, el Consell corría el riesgo de perder el control.
Pese a que la Generalitat es el accionista único, la particularidad de RTVV impide que se nombre a los consejeros, ya que esta tarea está encomendada a Les Corts. Así, el Consell estaba atado legalmente de pies y manos para imponer a un nuevo director general que tratase de frenar las protestas en antena de los trabajadores.
FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
Con este vacío de poder, la Generalitat se puso a estudiar las fórmulas para acelerar el cierre de RTVV, la única medida con la que puede poner fin al caos originado por su propia improvisación. Inicialmente el Consell pretendía seguir el trámite parlamentario ordinario para derogar la ley de la radiotelevisión autonómica, lo que supone de facto el cierre de la empresa.
Sin embargo, para derogar una ley es necesario primero que un grupo parlamentario o varios diputados presenten una proposición de ley y que esta se debata en pleno. Este proceso implica al menos dos sesiones plenarias de Les Corts y un acuerdo del propio Consell. Con el calendario ajustado por el debate de presupuestos, el parlamento valenciano necesitaría al menos de dos semanas para poderlo sacar adelante.
Hay una vía que permitiría acelerar ese proceso, y es la lectura única. Esta fórmula, que se puede utilizar para casos extraordinarios, reduciría a la mitad el tiempo, al poderse adoptar en una única sesión plenaria de Les Corts. En ambos casos, el Consell tendría que asumir el coste de tener una RTVV sin dirección por un periodo de tiempo insoportable para su imagen.
La opción más drástica, que permitiría incluso cerrar RTVV en 24 horas es el decreto ley. Esta vía supone que el Consell aprobaría la derogación de la ley y, tras publicarla en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) entraría en vigor. Les Corts debería ratificar el decreto ley posteriormente. El problema es que el decreto ley es una fórmula que está limitada en su uso. Su aplicación en temas que afecten a derechos fundamentales puede ser objeto de impugnación. El derecho a la información, que podría vulnerarse por el cierre de un medio de comunicación, podría encajar en este supuesto.
Todas estas opciones están siendo valoradas. Según las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, el Consell busca la opción "más rápida pero jurídicamente segura" para cerrar RTVV cuanto antes. Los servicios legales de la Generalitat trataban este miércoles de encontrar la adecuada. Cualquier error podría provocar la impugnación judicial y, como ha ocurrido con el despido colectivo, el ERE, podría ser anulada por los tribunales.
Incluso se estaba barajando la viabilidad de nombrar a los cinco consejeros que ahora están vacantes y retomar el control de la televisión y la radio autonómicas.
Sin embargo, el hecho de que el nombramiento sea potestad de Les Corts y que necesite una mayoría reforzada al menos en primera instancia, alargaría en el tiempo igualmente el proceso de cierre.
EL BLINDAJE DE LA INDEPENDENCIA DE RTVV
Uno de los valores en favor de la independencia que garantizaba la nueva ley de los que presumió el Partido Popular en su día fue el blindaje político que tendría la persona que ocupara la dirección general de la empresa. Una vez elegida, por tres cuartas parte de la cámara en primera votación o por la mitad más uno de los votos en segunda, su mandato duraría seis años, para que no se circunscribiera a un mandato político.
Además, para ser destituida tanto la directora general como los miembros del consejo de administración sería necesario el acuerdo del Consell como junta general sólo en el caso de que en la liquidación del presupuesto anual de Radiotelevisión Valenciana, SA se constataran causas económica concretas.
Estas serían registrar un déficit con una desviación igual o superior al 7% de la compensación otorgada para la prestación del servicio público o por "la existencia de una desviación presupuestaria por exceso igual o superior al 10% de las cifras aprobadas para el total de las dotaciones, tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital, excluidos del cómputo del primero los impuestos y los resultados, y del segundo la variación del capital circulante".
Ninguna de las dos condiciones se dan, por lo que no sería posible acogerse a ellas, por lo que el Consell no puede imponer a un administrador únicos hasta el momento de la constitución de un nuevo Consejo de Administración elegido por Les Corts y nombrado por el Ejecutivo valenciano.
