VALENCIA. La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) pide tiempo. Con el Banco de España mirando con lupa las decisiones de los gestores de la SGR, la entidad ha decidido aplazar hasta el 30 de abril la reunión de la junta de partícipes en la que se debe anunciar los resultados del ejercicio anterior y dar respuesta a la exigencia de recapitalización de la entidad, con el mes de mayo como fecha límite.
Actualmente, la SGR necesita 60 millones de euros para continuar con su actividad si no quiere que el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordoñez imponga un equipo de administradores y aparte a los actuales gestores, con la consiguiente apertura de expediente a sus consejeros.
La promesa del conseller de Economía, Máximo Buch, de inyectar 45 millones a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y captar otros 15 millones a través de las entidades financieras presentes en la entidad es tan anhelada como cuestionada.
"Si no fueron capaces de poner 15 millones hace unos meses, ¿de dónde van a sacar ahora 45 millones?", plantea un profundo conocedor de la situación de la SGR. Desde la Conselleria de Economía se asegura que estos fondos se pondrán a disposición de la entidad, aunque todavía se esté estudiando de dónde procederán y cómo se realizará la operación.
LA HORA DE BANKIA Y SABADELL
Una opción demandada por la propia SGR es la ampliación del capital social hasta los 127 millones de euros. Este incremento elevaría la participación pública del 11% actual al 44%, una cantidad superior a la que tiene otras administraciones autonómicas en sus respectivas SGR.
Respecto a las entidades financieras, la ampliación de capital multiplicaría por cuatro su actual presencia, que se limita a algo más de 5 millones de euros y aumentaría a 20 millones. A pesar de las constantes llamadas a que Bankia se retrate como "el banco de los valencianos" y lleve la voz cantante en la operación, Sabadell le va a par en la participación en la SGR.
Aunque la entidad catalana tenía desde hace un año una participación del 0,2% por el Banco Guipuzcoano, su compra de la CAM le ha convertido en pieza clave para el futuro de la entidad avalista valenciana. No es el único caso por el que el proceso de fusiones ha cambiado la estructura accionarial de la SGR. De las 15 socios protectores financieros que iniciaron 2011, actualmente el número se ha visto reducido a 11.
De este como la nómina se limita a Bankia (Bancaja y Caja Madrid: 2,7 millones de euros del capital social), Sabadell (CAM y Banco Guipuzcoano: 2,6 millones), BBVA (BBVA y Promobanc: 117.916 euros), Cajamar (Caja Rural del Mediterráneo, Caja Campo y Caja de Crédito de Petrel: 63.706 euros), Caixa Ontinyent (94.500 euros), Banco Popular (Banco Pastor: 15.000 euros), CaixaBank (La Caixa: 6.010 euros), Unicaja (6.000 euros), Caixa Popular (601 euros) y Caja Rural Central (601 euros). A estas cantidades se suman los 95.979 euros de la liquidada Federación de Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito que han pasado a distintos miembros de la antigua organización.
RENOVACIÓN DE EQUIPOS
Independientemente del rescate, fuentes empresariales consideran "inexcusable" que se tomen medidas con los actuales responsables de la institución y de las decisiones que se han tomado en su gestión.
Al margen de los responsables técnicos, que sí han cambiado en las delegaciones provinciales y en los niveles inferiores, los responsables más cuestionados son el director de la entidad, Juan Manuel García Puchol, en el cargo desde hace más de 30 años; y el responsable de operaciones, Cristóbal Muñoz.
Menos contundencia se percibe a la hora de pedir cuentas al presidente de la SGR y de la patronal castellonense, José Roca. Aunque ocupa la presidencia desde principios de los años 90 y se reconoce que su condición de constructor ha condicionado cierta "ligereza" en la concesión de avales para este sector, se incide en sus dotes negociadoras con empresarios, políticos y entidades financieras.
Aunque el destino de los avales concedidos está protegido por la discreción profesional de la entidad, es habitual que se señale a la actividad privada de distintos miembros de la junta de partícipes como beneficiarios de los más controvertidos.
SITUACIÓN LÍMITE
Actualmente, la SGR se encuentra en causa de disolución desde el 1 de enero de 2012. A mediados del año pasado, una inspección del Banco de España detectó un déficit patrimonial de unos 30 millones de euros e instó a la entidad a recapitalizarse para no estar por debajo del mínimo exigido para el desarrollo de sus actividades.
Las dificultades que atraviesa la entidad viene de los últimos ejercicios, pero fue en 2010 cuando registró unas pérdidas de 2,8 millones de euros, después de presentar una cuenta de pérdidas y ganancias en 0,0 euros en 2009 y 2008. En 30 años, la entidad nunca había registrado hasta entonces un saldo negativo.
De todos modos, la SGR continúa con su actividad y aprobó en la comisión ejecutiva del pasado 6 de febrero 34 operaciones de aval por un importe de 35.142.552 euros, destinadas a las pymes de la Comunitat Valenciana.
