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en CAUSA DE DISOLUCIÓN

La SGR se encomienda a un milagro con los bancos para evitar la liquidación

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Consejo de administración de la SGR de la Comunitat Valenciana

La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana anuncia una reducción de capital para escapar de la causa de disolución tras descubrirse un agujero contable de otros 50 millones de euros. A pesar de la inyección de 60 millones de euros en abril por parte de la Generalitat, el consejo de administración reconoce que la única salida pasa porque las entidades bancarias pongan el dinero que falta

VALENCIA. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana se halla otra vez en caída libre. El consejo de administración de la entidad anunció este jueves una reducción de capital como única alternativa para evitar su inminente disolución, tras descubrirse un nuevo agujero contable de otros 50 millones de euros, como ya adelantó Valenciaplaza.com el pasado mes de junio. Ante este escenario, el consejo de administración reconoce que la supervivencia de la entidad "requiere del acuerdo de los bancos".

La imposibilidad de cubrir ese desajuste contable por medio de nuevas inyecciones de capital a cuenta de la Generalitat deja como única salida la captación de esos fondos a través de las entidades financieras. Las dificultades que atravesó la Administración valenciana en abril y mayo para reunir los 60 millones de euros que inyectó entonces y la situación de las entidades financieras hacen prever que la liquidación no termine siendo un resultado descartable.

En las horas previas a la reunión del consejo de este jueves, el propio conseller de Economía, Máximo Buch, ha mantenido contactos con las dos entidades financieras con mayor presencia en SGR para que contribuyan con una inyección de capital a evitar la quiebra. Se trata de Bankia, heredera de la participación de Bancaja, y de SabadellCAM, que asumió la de la CAM.

Sin embargo, los propios problemas de Bankia, nacionalizada el 10 de mayo por la gravedad de su situación, y los que está enfrentado Sabadell CAM para digerir la adquisición de la entidad alicantina hacen extremadamente complicado que puedan entrar al rescate de la SGR, según fuentes conocedoras del proceso. 

Juan Manuel García Puchol / Foto: EVA MAÑEZ

LA MAGNITUD DEL DESAJUSTE

A 30 de junio de 2012, el informe de la auditora KPMG tras la renovación de la cúpula directiva en abril, descubrió que el patrimonio neto de la SGR es inferior a las dos terceras partes del capital. El consejo de administración atribuye esta situación al deterioro de la cartera, pese al esfuerzo realizado por la Generalitat hace cinco meses y que significó la inyección de otros 60 millones, 45 de los cuales fueron para fortalecer el capital social.

Esto significa que el valor de la entidad una vez descontadas las deudas se sitúa en 95 millones de euros, teniendo en cuenta que el capital social es de 142 millones de euros, un 40% de los cuales está en poder de la Generalitat y el resto se reparte entre entidades financieras (principalmente Bankia y Sabadell CAM), patronales y pequeñas y medianas empresas.

Con la reducción de capital, se podría solucionar temporalmente el problema que atraviesa la SGR hasta que se consigan unos ingresos equivalentes al capital retirado. En ese momento, podrá realizar una ampliación que reintegre totalmente o en parte la cantidad restada a los fondos propios, en función de lo que se pueda conseguir de las entidades financieras. De hecho esta opción ya se barajó a principios de año de poder reunirse a principios de mayo, como informó este periódico.

LA ALERTA DEL BANCO DE ESPAÑA

Este riesgo ya fue alertada por el Banco de España cuando en enero advirtió de la necesidad de inyectar 36 millones de euros (en función de los datos de los que disponía) para poder generar un "excedente de solvencia" que permitiera a la entidad esquivar la quiebra. El anterior director general de la SGR, Juan Manuel García Puchol, no dudó en calificar de exagerada esta actitud y defendió hasta el momento de su dimisión que, sin los nuevos requisitos impuestos por el Banco de España, la entidad "estaría en beneficios".

Hasta entonces, los responsables de la SGR tenían a gala que la suya era la mayor entidad de este tipo que existía en España y que siempre había estado en beneficios. De hecho, no fue hasta 2010 cuando registró sus primeras pérdidas de 2,8 millones de euros (que han superado los 55 millones en 2011), después de presentar una cuenta de pérdidas y ganancias en 0,0 euros en 2009 y 2008. 

En abril de este año, los anteriores gestores de la SGR, José Roca y José Manuel García Puchol, anunciaron su dimisión (forzada) de sus respetivos puestos de presidente y director general de la sociedad que ocupaban desde el momento mismo de la creación de la sociedad, hace 30 años.

Tras la posterior inyección de capital de abril, el nuevo consejo de administración, presidido por la empresaria Dolores Font Cortes, creía que su función iba a ser el relanzamiento de la entidad, libre de cargas, pero el descubrimiento del nuevo agujero contable dejó en agua de borrajas todas esas expectativas.

Como ya adelantó ValenciaPlaza.comdos de los consejeros de mayor carácter financieros, Adolfo Porcar, vinculado a Bancaja; y Joaquín Maldonado, delegado en Valencia de banco Mediolanum; comunicaron el pasado mes de julio su renuncia por considerar que sus respectivas ocupaciones privadas no les permiten dedicar a la entidad el tiempo y esfuerzo que requería.

Aunque los dos respaldaron la labor que está desarrollando el actual consejero delegado, Santiago de Santos, los dos estimaron que era mejor su relevo por otras personas que pudieran ofrecer una mayor dedicación a la entidad, cuya situación consideraban "complicada, pero solucionable". Esta renuncia no se ha comunicado hasta este jueves al consejo, pese a haberse trasladado ya en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Sede de la SGR

REESTRUCTURACIÓN INTERNA

Además de la reestructuración financiera, la SGR está llevando a cabo un plan de acción que incluye tanto una reducción de la estructura "para adaptarla a la realidad económica actual y una reorganización de sus órganos internos de gobierno". La previsión apunta a la próxima presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) y una renovación prácticamente total de los actuales responsables.

La cartera de socios partícipes de la SGR de la Comunitat Valenciana, la más antigua de España, a finales de 2011 se componía de 9.253 empresas, de las cuales el 64% son empresas con menos de 25 trabajadores; con una inversión de 81,3 millones de euros.

El 77% del riesgo en curso se concentra en empresas con menos de 50 empleados, mientras que el grupo de pymes con 51 trabajadores o más representa el 23% restante. En cuanto a la distribución por sectores, destaca el sector servicios, que representa un 60%, siguiéndole en importancia industria (17%), construcción (11%), comercio (10%) y finalmente el sector primario (2%).

ENTIDAD FINANCIERA SIN ÁNIMO DE LUCRO

La actividad de la SGR ha sido especialmente significativa desde su creación. Destacan los más de 6.500 millones de euros en avales desde 1994, que han beneficiado a más de 18.000 empresas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las cuales han mantenido más de 50.000 empleos, durante el periodo de tiempo contemplado (1994-2011).

Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras sin ánimo de lucro, sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España. El objetivo principal de una SGR es facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones generales de financiación a las empresas socias, para ello la SGR da garantías y avales a las pymes, negocia líneas financieras, canaliza y tramita subvenciones y asesora e informa financieramente a los socios. Gran parte de las empresas beneficiarias están pendientes de que se realice la aportación de capital necesaria para la supervivencia de la SGR y poder seguir adelante.

Hay que destacar que las SGR, como entidades financieras que son, están sometidas a un nivel de exigencia similar al de las entidades de crédito, sólo pueden intervenir en la fase final de la intermediación (prestando el aval) y únicamente pueden operar en un segmento del mercado, el de las pymes.

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