VALENCIA. La Generalitat espera la autorización definitiva por parte del Ministerio de Hacienda para el aval de un crédito de 200 millones que rescate a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana y permita paralizar el proceso de concurso de acreedores que la llevaría obligatoriamente a la liquidación.
Pese a no disponer todavía de la autorización de la Comisión de Europea, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha asegurado que el trámite exigido para que el ministerio transmita oficialmente su autorización se puede apoyar únicamente con el acuse de recibo de la solicitud a Bruselas, en contra de lo que se aseguraba hasta ahora.
Con este documento, el juez podría anular la solicitud de suspensión de pagos, paralizada desde hace más de un mes, según fuentes del Gobierno valenciano. Aunque distintos conocedores del proceso reconocen que esta opción puede pecar de optimista, no descartan que termine por ser una solución.
PRÓRROGA TRAS PRÓRROGA
El escenario óptimo sería que la Comisión Europea emitiera su autorización a la operación y con este documento iniciar el proceso que rescate y la vuelta a la actividad de la SGR. Sin embargo, la autorización no llega y el tiempo se va consumiendo.
En todo caso, el consejo de administración de la SGR, celebrado el pasado martes, acordó solicitar al juez una prórroga de 60 días en el proceso de tramitación, como ya hizo el pasado 9 de mayo, al expirar el periodo establecido para el preconcurso.
Hasta el momento la actitud del tribunal está siendo condescendiente con la entidad, tras las solicitudes en el mismo sentido emitidas desde la Generalitat. El último episodio de esta trama se inició la noche del 8 de enero, cuando los responsables de la SGR, la Generalitat valenciana y las entidades Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank acordaron un crédito tras meses de tensas negociaciones, que permitía evitar la liquidación de la entidad, a falta de unas horas que la hicieran inevitable.
EL CRÉDITO DE LA DISCORDIA
La autorización para este acuerdo no sólo permitiría cubrir el desfase contable generado durante el gobierno de la anterior dirección de la entidad, que dimitió en abril del pasado año; sino que facilitaba poder afrontar los crédito fallidos en los últimos años, que superan los 400 millones.
La financiación se instrumenta mediante dos líneas o tramos de financiación. Por un lado, un tramo senior equivalente a un 63% de cada reclamación frente a la SGR; y por otro lado, un tramo participativo, por un importe equivalente al 37% de cada reclamación.
En la propuesta, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero. Aunque no se trata de los cinco años que planteaba en un principio Sabadell CAM (condicionado por el necesario visto bueno del Fondo de Garantía de Depósitos), este plazo está lejos de los ocho años a los que inicialmente aspiraba la Generalitat.
