VALÈNCIA. Si la energía renovable en la Comunitat Valenciana ya cargaba con el lastre de la burocracia desde hacía años (lo que explica su escaso despliegue respecto a otros territorios), ahora que ese factor parecía empezar a corregirse se han sumado otros frentes que mantienen al sector en una constante incertidumbre.

Uno de esos frentes tiene que ver con las medidas urgentes solicitadas por Red Eléctrica a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMC) tras no haber salido adelante el Real Decreto Ley Antiapagones, tumbado en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de julio y que pone en riesgo decenas de proyectos de renovables en la Comunitat con un valor que suman los 400 millones de euros.

La norma propuesta por el operador obliga a las instalaciones de renovables a retrasar la inyección de energía a la red, con el objetivo de acompasar su producción al resto de tecnologías, cuyo encendido es más costoso, y así evitar picos o desajustes en el sistema eléctrico.

Sin embargo, esta nueva medida "antiapagones" promovida por Red Eléctrica podría suponer una pérdida media del 10% en la facturación de los parques fotovoltaicos y eólicos de la Comunitat Valenciana, según indica la patronal valenciana de las energías renovables, Avaesen, a este periódico.

El presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, advierte de que esta medida "amenaza con penalizar injustamente a un sector que ha demostrado ser clave para la estabilidad del sistema". En declaraciones a este periódico, Lacruz señaló que "la caída de ingresos tendrá un impacto de entre el 8% y el 10% de la facturación de cada fotovoltaica", una pérdida significativa para muchas plantas que operan con márgenes ajustados. 

"Estoy convencido de que el operador del sistema verá que las renovables son las aliadas contra los apagones. Simplemente teniendo baterías y sistemas de control podemos contribuir", defiende el presidente de Avaesen. Lacruz subrayó que la solución pasa precisamente por fomentar la instalación de baterías y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a las plantas adaptarse con rapidez a las necesidades de la red sin tener que reducir su producción. "Si cada instalación contase con baterías con servicio para abastecer a la red, tendríamos un sistema mucho más robusto", insistió.

Además, el representante del sector valenciano apuntó a otros problemas que siguen afectando al desarrollo renovable, como los retrasos en las conexiones a la red, que ralentizan la puesta en marcha de nuevos proyectos y agravan la incertidumbre regulatoria. "Eso es otra cosa, pero igualmente urgente", remarcó.

La Comunitat Valenciana llevaba años a la cola en el desarrollo de la energía renovable en España por el atasco de expedientes en la Generalitat. Sin embargo, las últimas cifras arrojan un cambio de tendencia positivo puesto que la Comunitat Valenciana aumentó un 69% la potencia de energía fotovoltaica autorizada para su instalación respecto al primer trimestre. En concreto, un total de 21 proyectos, con una potencia conjunta de 297,7 megavatios (MW), recibieron la autorización administrativa de construcción de la Generalitat durante el segundo trimestre del año, según un informe del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360.

El aviso de Avaesen se produce en un contexto de creciente preocupación en el sector por los cambios normativos que afectan a las energías limpias. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado también al Ministerio para la Transición Ecológica una "solución urgente" ante lo que considera una "disfunción normativa" que podría derivar en un nuevo recorte de ingresos para 62.000 familias españolas pioneras en la implantación de energía solar.

Anpier recuerda que estos productores, acogidos en su día a un marco regulatorio estable, han sufrido hasta diez cambios retroactivos que recortaron su retribución en torno a un 30%, y ahora afrontan una nueva merma derivada de la interpretación de una norma de 2018. La asociación denuncia que, pese a operar con normalidad incluso en horas con precios negativos, estas plantas son consideradas "fuera de servicio", lo que les obliga a devolver ingresos legítimos.

El Real Decreto Ley Antiapagones, que trataba de corregir parcialmente este desajuste reduciendo en un 25% las horas mínimas de producción exigidas, fue tumbado en el Congreso el pasado julio, dejando a estas instalaciones sin la protección que se les había prometido.

Para Lacruz, la situación refleja una contradicción en la política energética española: "Se nos pide que garanticemos la estabilidad del sistema, pero se nos penaliza con recortes o restricciones que reducen nuestra capacidad para hacerlo. Las renovables no son el problema, son la solución", recalcó.