VALENCIA (EFE). Los trabajadores de Vaersa han afirmado que se han limitado a realizar los trabajos mandados por la Generalitat y que la sentencia que considera irregulares las declaraciones de impacto ambiental realizadas por Vaersa desde 2003 constata la responsabilidad directa de los funcionarios.

Así lo indica el comité de empresa y la sección sindical de CCOO en un comunicado, en el que aclaran que ningún trabajador de Vaersa "hace intromisión" en las funciones que les son propias a los funcionarios, y se han limitado "a seguir las instrucciones" recibidas por ellos en la dirección del trabajo.

El comité de empresa de Vaersa, indican, "pide respeto para toda la plantilla" de la empresa, que ha demostrado a lo largo de más de 20 años "su profesionalidad y buen hacer" y que "en ningún caso han sido cuestionados por el contenido" de la sentencia.

En un comunicado facilitado por CCOO, piden a la Generalitat y a Les Corts la constitución de una comisión de investigación que determine responsabilidades tanto profesionales como políticas y las posibles consecuencias "en los miles de expedientes cuestionados".

Los trabajadores de Vaersa que prestan asistencia técnica a la Conselleria de Infraestructuras manifiestan "estar de acuerdo" con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que la Generalitat ya ha anunciado que recurrirá.

Su trabajo, aseguran, consiste en la elaboración de documentos en materia de evaluación ambiental "de forma idéntica o asimilable" a como lo hacen los funcionarios de la Conselleria, una labor que desarrollan "de principio a fin de manera autónoma" desde la apertura del expediente hasta su resolución.

Estos trabajos los desarrollan "bajo la supervisión de los jefes de servicio y del jefe de área o subdirector general, y sin intervención alguna de Vaersa".

Según los trabajadores, la sentencia ordena "el cese inmediato de esa vía" y hasta la fecha "ni desde Vaersa ni desde la Conselleria se han puesto en contacto con nosotros con la finalidad de organizar los trabajos".

Afirman que son técnicos "cualificados con amplia experiencia profesional", en algunos casos más de diez años, en evaluación ambiental y han actuado con "objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalidad" en las declaraciones de impacto ambiental.

No obstante, lamentan que no han podido concurrir a las nuevas plazas de la Conselleria, que ha creado 51 nuevas durante 2013 y 2014, por la ausencia de convocatoria de oferta pública de empleo.

Esas plazas, según explican, se han cubierto con interinos procedentes de bolsas de trabajo preexistentes, de las que once corresponden a plazas de técnico que se han cubierto en la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial.

Ello ha tenido "una consecuencia inmediata": el despido de trece técnicos administrativos vinculados a las encomiendas de evaluación ambiental.

Estos trabajadores han demandado de forma individual a Vaersa y a la Conselleria por improcedencia de la causa.

Consultada por EFE, la Conselleria de Infraestructuras no se ha pronunciado por el momento sobre estas cuestiones.