VALENCIA. El juez Fernando Andreu ha fijado en 800 millones de euros la fianza que Bankia debe depositar en la Audiencia Nacional para cubrir los posibles perjuicios económicos que hubiera causado en los inversores la supuestamente fraudulenta salida a bolsa de la entidad financiera en 2011. La garantía deberá ser aportada por la entidad -y solidariamente por su accionista mayoritario Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y los cuatro máximos directivos de la entidad en aquel momento, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú-  en un plazo de un mes si no quieren ver embargados sus bienes.

Se trata de una fianza millonaria y que tiene como objetivo cubrir las posibles consecuencias de una sentencia condenatoria por estafa si se demuestra que la entidad falseó intencionadamente sus cuentas, tal y como sospecha el juez. Sin embargo esos 800 millones están muy lejos de los 3.465 millones que captó Bankia con su oferta pública de suscripción de acciones con que debutó en el mercado. ¿Por qué?

Hay dos razones básicas para entender las razones que han llevado al juez a fijar esta cantidad. La primera es puramente legal: las fianzas no pueden ser inferiores a un tercio del importe de la responsabilidad. A ese mínimo se acoge el magistrado, si bien una simple división pone en evidencia que un tercio de 3.465 millones es mucho más que 800 millones.

La segunda razón es la que tiene realmente un interés relevante: el juez considera que los únicos afectados por la falsedad de los datos que contenía el folleto de salida a bolsa son los inversores particulares. Para el magistrado, los institucionales (bancos o fondos) tenían acceso a mejor información e incluso sospecha de que la compra de acciones en aquella OPS por estas entidades estaba pactada con Bankia y en nada respondían a un interés real por invertir en el valor.

El auto reconoce que a estas alturas del proceso "es de muy difícil y laboriosa cuantificación [el perjuicio económico ocasionado], pues existen inversores que vendieron sus acciones a un precio mayor del que las compraron, otros que las vendieron a un precio inferior y un tercer grupo que las conservan aunque su inversión haya mermado sustancialmente".  

"Pero esto no puede significar que no se deben asegurar posibles responsabilidades", señala el juez. Y, con datos objetivos en la mano, echa un cálculo. "En el momento procesal en el que nos encontramos este juzgado considera proporcionada, adecuada y justificado establecer como fianza la cantidad resultante de una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios, siendo esta de 1.800 millones, 600 millones, a los que deberá sumarse un tercio más de dicha cantidad, por lo que el total a afianzar será de 800 millones", explica el auto.

El juez también razona los motivos que le llevan a tomar la decisión de reclamar la fianza en este momento. Considera que el caso va para largo y, en estos casos, según la jurisprudencia, es mejor echar mano ahora del dinero no sea cosa que en el futuro no se pueda. "La medida cautelar no pretende poner en duda la viabilidad económica y financiera de Bankia, pero se debe tener presente que esa viabilidad se debe precisamente al hecho de haber recibido 22.400 millones de euros en ayudas públicas", explica el juez.